La política cultural del gobierno de Alfonsín (segunda parte).

Arturo Chavolla

 

b) Los Secretarios

 

Después de reformar la organización de los Ministerios, quedando finalmente ocho, tal como lo especifica la normatividad correspondiente, uno de los cuales es el Ministerio de Educación y Justicia (a cargo de Carlos Alconada Aramburu), en donde precisamente se encuentra adscrita la Secretaría de Cultura, el Presidente Alfonsín nombra como responsable a Carlos Gorostiza, intelectual en el área de Teatro, asumiendo éste el cargo desde el primer día del gobierno democrático[1]. De entrada la situación legal es clara: la Secretaría de Cultura no es un Ministerio, lo que la obliga a estar supeditada en todos los rubros a una instancia superior, situación que marcara la forma de trabajo por todo el periodo de gobierno alfonsinista.[2]

 

El primer acto de la Secretaría fue desterrar la censura del cine, y en general, de todos los medios de comunicación dependientes del Gobierno de Alfonsín. Para tal efecto, se promovió un decreto presidencial (Decreto 828 del 16 de marzo de 1984), en donde se modifica la calificación de las películas y se desaparece el organismo censor, el Ente de Calificación Cinematográfica.

 

Con fecha del 19 de enero de 1984, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional y para ser tratado durante el periodo de sesiones extraordinarias, un proyecto de ley por el cual se disolverá el Ente de Calificación Cinematográfica, cuya existencia “infringe tanto la libertad de expresión de ideas sin censura previa” como la de “realizar conductas que no perjudiquen a terceros u ofendan el orden o la moral pública”, según lo establece el mensaje firmado por Alfonsín que acompaña al proyecto. Coincidentemente, el secretario de información Pública, Emilio Gibaja, de quien depende el Ente, declaró que “esta decisión es un hito en la política argentina porque significa la eliminación plena de la censura.”[3]

 

Conjuntamente, y por Decreto número 279, el Gobierno Nacional dispuso la intervención del Ente de Calificación Cinematográfica, creado por la Ley 18.019 del 25 de marzo de 1968 que remplazaba al entonces denominado Consejo Honorario de Calificación Cinematográfica, creado por Decreto del Poder Ejecutivo el 27 de septiembre de 1963. La nueva intervención quedó así a cargo del periodista e investigador cinematográfico José Miguel Couselo. El texto de la nueva norma establece en su articulado la derogación de la Ley 18.019 así como el traslado de todos los bienes materiales y humanos al Instituto Nacional de Cinematografía.

 

Así, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de ley por el que se dispone la disolución del Ente de Calificación Cinematográfica y la eliminación de toda forma de censura en el cine. A través de este proyecto el Gobierno da cumplimiento a un objetivo que había sido prometido durante la campaña electoral y que no es sino la respuesta a un insistente reclamo de muchos sectores de opinión.

 

Paralelamente, y en base a la aprobación de la Ley 23.170, se logra recuperar el aporte económico destinado al Instituto de Cinematografía originado en el 10% de las entradas de las salas de cine, aporte que había sido eliminado por el Ministro de la Dictadura Martínez de Hoz. Este sustancial apoyo directo permitió un espacio de trabajo necesario al cine argentino.[4]

 

El segundo esfuerzo de la nueva administración se encaminó a reformar el organigrama de trabajo del equipo burocrático de la Secretaría de Cultura. Para tal efecto, se promovió otro decreto presidencial (Decreto 2273 del 26 de julio de 1984) en donde se establecía la nueva composición de la Secretaría de Cultura. Previamente, el 29 de marzo de 1984, ya había sido creado el Consejo Federal de Cultura, en base al Decreto 943.

 

La nueva configuración de la Secretaría renueva todos los cuadros creando seis direcciones nacionales (Museos, Libro, Antropología, Música, Teatro y Artes Visuales), todas ellas con diversas dependencias. Además, en el orden administrativo, se crea una Subsecretaría y tres coordinaciones (Cultural, servicios y administración). Nombres vinculados con la actuación oficial integran el grupo de Directores designados en cultura, todos ellos pertenecientes al ámbito de las artes. De igual manera, se señaló que está en plena planificación la estructura del Canal 7, la cual también será reformada para darle un carácter eminentemente cultural.[5]

 

Implementada la reforma operacional, la política cultural se encaminó a la implementación de un Plan Nacional de Cultura. La intención era congeniar todos los esfuerzos del Estado en un objetivo común. Para tal efecto se organizaron dos Consejos Nacionales de Cultura. El Primer Consejo Federal de Cultura y Educación se llevó a cabo en Mar del Plata en Marzo de 1984, con gran aceptación nacional y en medio de un apoyo generalizado. Ahí surge una Declaración Final que marcará la pauta a todas las posteriores acciones del régimen de Alfonsín.[6]

 

El texto resultante propone sentar las bases de una política “auténticamente nacional de cultura” ya que esto es necesario en la nueva etapa institucional iniciada en el país, para lo cual hay que replantear todo el quehacer cultural, orientándolo hacia el sostenimiento de la democracia y la defensa de la soberanía. Así mismo, se debe lograr la participación efectiva y en libertad del pueblo en los planes y decisiones culturales que hacen su destino. Por otra parte, se debe reconocer e integrar las culturas regionales e impulsar la descentralización que asegure el acceso y la participación comunal provincial, regional y nacional. Por otro lado, es necesario defender, mediante una legislación adecuada, el patrimonio cultural y natural, así como valorizar la presencia y los aportes del hombre autóctono argentino y las culturas precolombinas, intentando también profundizar la integración del país en el contexto latinoamericano. De igual manera, se debe alentar sobre la creciente influencia de los medios masivos de comunicación y los de información en el mundo, y señalar la imperiosa necesidad de formular al respecto una política congruente con los intereses nacionales. Finalmente, se termina recomendando la revisión de la Ley 22.047 de modo que asegure una participación real y efectiva de las provincias en la formulación de una política congruente con los intereses nacionales.[7]

 

La cultura es promovida por la Secretaría pero no determinada por ella, con pleno respeto federal por el desarrollo de las expresiones regionales. La cultura debe contribuir a la descentralización del poder. Democratizar al país significa una mejor distribución de los bienes culturales y el protagonismo activo de todos sus habitantes. La cultura es el fruto y semilla, producto de una sociedad y generadora de sus cambios. La pobreza, le desposesión y el abandono se deben considerar como enemigos del crecimiento cultural del pueblo.

 

El concepto de “cultura nacional” disuelve o supera la disyuntiva entre cultura “superior” y cultura “popular”, así como también la que aun hoy se mantiene en algunos ámbitos entre cultura “localista” y cultura “europeísta”. La Secretaría tiende a hacer efectivo el intercambio de las culturas regionales entre sí y a lograr su presencia sostenida en la Capital Federal, y también en el exterior. Igualmente, apoya la labor de los creadores consagrados y fomenta la aparición de los nuevos, además de servir de puente entre las generaciones que el autoritarismo reinante llevó al desencuentro durante los últimos años. El derecho a la cultura es uno de los derechos humanos y el Estado debe proveer para que su libre ejercicio esté asegurado para todos los habitantes de la Nación. La secretaría debe conservar siempre su papel de celoso custodio de la libertad de expresión y de los principios democráticos.

 

A partir de estos postulados, la Secretaría de Cultura contribuye a la producción, preservación, transmisión, distribución y circulación de los bienes culturales desarrollando su política sobre los siguientes principios: Libertad de creación, estímulo a la producción cultural, participación en la distribución de los bienes y servicios culturales, preservación del patrimonio cultural de la Nación. Pero también se advierte que no debe esperarse todo de la gestión de las autoridades gubernamentales, sino del esfuerzo mancomunado de los hombres de cultura argentinos, por encima de las ideologías, de los grupos y las tendencias. Sólo de esta manera, se afirma, podrá salir adelante el proyecto.

 

Así, el Plan Nacional de Cultura fue aprobado por unanimidad en el Consejo Federal de Cultura y Educación celebrado en Tucumán en septiembre de 1984. Este plan fue concebido sobre la base del nuevo diseño estructural de la Secretaría de Cultura, que jerarquiza las áreas temáticas y posibilita que la política cultural sea creada y dirigida por genuinos representantes de la cultura. La eliminación de la censura en todos los ámbitos del quehacer cultural, se afirma, ha posibilitado un real florecimiento de la creatividad cuyo feliz resultado ya se percibe y se conoce como una conquista esencial. Se termina postulando que para poder impulsar la creación y promover el talento, el Estado, a pesar de la penosa situación económica heredada, debe asegurar algunas bases materiales indispensables.

 

En lo que hace a la Televisión, el Poder Ejecutivo dispuso la transferencia de Argentina Televisora Color al área de la cultura, lo que evidencia la preocupación de las autoridades en dar el verdadero relieve a un medio de comunicación como exponente y difusor de la cultura nacional e internacional. Con la incorporación de ATC, la Secretaría dispone de un nuevo e importante medio para ayudar a las provincias. Los programas previstos persiguen como objetivo esencial las necesidades de comunicación e información de todo el territorio argentino. En esa misma dirección se iniciaron la firma de acuerdos y cooperación e intercambio cultural con otras naciones en materia de medios de comunicación.  

 

Se reorganizó, igualmente, el Fondo Nacional de las Artes con el objeto de ponerlo al servicio de los creadores y del desarrollo de la cultura. El Fondo Nacional de las Artes otorga becas de perfeccionamiento e investigación para artistas, escritores, músicos y otros creadores e intérpretes residentes en el interior del país. Se dieron subsidios a instituciones culturales privadas con fines de fomento y desarrollo artístico cultural, así como créditos y préstamos de fomento cultural a personas e instituciones de todo el país con fines de desarrollo de sus actividades y equipamiento.

 

La regionalización de la cultura fue una meta que se planteó con insistencia. Donación de obras de arte y otros bienes culturales a museos municipales y provinciales, difusión cinematográfica de películas artísticas, donación de libros a bibliotecas públicas y privadas de todo el país, apoyo a salones de arte provinciales y municipales mediante adjudicación de premios en efectivo y en especie y la propuesta y designación de jurados, programas de cooperación técnica a los organismos de las provincias en materia de proyectos de inversión e infraestructura cultural y de estudios de factibilidad, fueron tópicos recurrentes.

 Sin duda alguna, el Instituto de Cinematografía fue uno de los organismos más apoyados en la gestión de Gorostiza. A principios de 1984 se sanciona la ley 23.052, que derogó toda censura, resguardando los elementales principios de la libertad de expresión, sin descuidar la protección de la minoridad y de la privacidad de las personas. Se otorgaron 26 créditos y varias ampliaciones de crédito para la producción de películas nacionales en un marco de absoluto pluralismo ideológico y sin discriminación de ningún tipo. Se promovió y firmó el proyecto de ley que recupera el 10% del precio de localidades para poder constituir el Fondo Cinematográfico. Se envió al congreso el proyecto de ley de deducciones impositivas, redactado de común acuerdo con la Dirección Nacional de Impuestos, para promover capitales destinados a la producción cinematográfica y al reequipamiento técnico de la industria. Se participó en 15 festivales internacionales obteniéndose 7 premios. Se organizaron semanas de cine argentino en diversas provincias, así como un concurso nacional de cortometrajes, regionalizando el quehacer cinematográfico. Se filmaron 31 películas, un récord histórico.       

 

 

Otra “acción impostergable” [8] era la construcción de la Biblioteca Nacional. Creada por decreto de la Junta Gubernativa de 1810, se inauguró dos años después en lo que hoy es la Manzana de las Luces y hace más de un siglo que dejó de pertenecer a la provincia de Buenos Aires para convertirse en patrimonio nacional. Desde entonces, la historia de la biblioteca es una historia de infortunios. A fines de 1901, su director Paul Groussac ya se quejaba de las condiciones en las cuales se encontraba el edificio. Un informe de 1933 señala la necesidad del traslado a un nuevo edificio argumentando un ingreso anual de 30 mil volúmenes. Desde 1950, en que la Biblioteca tenía su sede en la calle México 564 (inaugurada en 1901), el espacio ya tenía serias deficiencias administrativas a raíz de una serie de percances. En 1963, un desprendimiento en la cúpula del salón principal obligó a clausurar el establecimiento por tres años.

 

Carencia de espacios, fallas estructurales y un incendio hacían inoperante el edificio. En 1957, con un fondo bibliográfico de 650.000 obras, consultadas por 73, 500 lectores anuales, el Ministerio de Educación y Justicia informó que el nuevo edificio se construiría en el predio comprendido por las avenidas del Libertador y Las Heras y las calles Austria y Agüero, en donde en un comienzo se encontraba la quinta Unzué y luego la residencia presidencial.[9] En mayo de 1961 el ministerio aprobó el programa de necesidades para el llamado a concurso y resultó elegido el proyecto de los arquitectos Alicia D. Cazzaniga, Francisco Bullrich y Clorindo Testa. En 1971 se colocó la primera piedra basal del edificio, que, se dijo, estaría terminado en tres años, mismo plazo que se repitió en 1976 y 1979. Galtieri definió la obra como “prioridad uno” afirmando que ésta “quedará inaugurada en 1984”.

 

Así, luego de años de paralización, el Gobierno democrático impulsó, durante el mes de julio de 1984 la firma de un nuevo contrato con la empresa constructora reanudándose las obras el 3 de agosto de 1984. “Las autoridades nacionales tienen plena conciencia de que el edificio de la avenida del Libertador simboliza la frustración Argentina”, afirmaba Gregorio Weinberg, entonces Director de la Biblioteca Nacional. El profesor Weinberg explicó que la biblioteca contará con modernos métodos computarizados que la pondrán en contacto con los principales centros de investigación del mundo. Se contempla también la construcción de la hemeroteca ya que el material “se encuentra sensiblemente perjudicado.” [10]

 

Así pues, la abolición de todo tipo de censura fue el primer propósito del nuevo gobierno, que se vio concretado con la eliminación del Ente Nacional de Calificación Cinematográfica, ratificando así la vigencia de la libertad de expresión. Con la designación de personalidades del quehacer cultural y artístico, se dio relieve a su gestión, encarándose asimismo la acción del Instituto Nacional de Cinematografía y la revitalización del cine argentino, muy golpeado por la censura, dando paso ahora a la creación, logrando importantes premios en la cinematografía internacional, tanto intérpretes como realizadores. Se dispuso el levantamiento de la censura literaria realizándose encuentros de escritores, con la visita de importantes delegaciones de naciones latinoamericanas.

 

Finalmente, otro gran esfuerzo llevado a cabo por esta primera gestión de la Secretaría de Cultura en la democracia fue el instrumentalizar la actualización legislativa a través de anteproyectos de leyes. Se concretó la elevación al Congreso de la Nación de la Ley de Doblajes para películas y series de televisión, buscando incrementar las fuentes de trabajo para actores y actrices argentinos y poniendo fin a la invasión de vocablos y costumbrismos ajenos a la formación nacional. Se dejó como anteproyectos la Ley del ballet nacional, del Libro, de las Artes Visuales, del Cine, del Disco, de Bibliotecas Populares, del Teatro y la ley de Defensa del Patrimonio Cultural y Natural.[11]

 

Así pues, si bien la Secretaría de Cultura fue colocada como una dependencia secundaria en el orden administrativo, y en este sentido fue degradada su colocación con respecto a anteriores administraciones, se respetó el postulado expresado en campaña por Alfonsín de colocar a un artista a dirigir artistas.

 

Pero a la postre, todo esto resultaría vano e infructuoso, incluso poco realista. Las leyes se quedaron, en su mayoría, sin ser dictaminadas, la reforma administrativa se vio frenada por las inercias existentes dentro de la burocracia cultural y lo más contundente, los apoyos económicos nunca llegaron en la medida de lo prometido. En suma, el Plan sólo se expuso y nunca se explicitó, mucho menos se ejecutó.

 

Y las fisuras se mostraron, como era de esperarse, por lo más evidente. La Biblioteca Nacional sería una vez más el ejemplo. Al no existir los apoyos económicos prometidos para finalizar su construcción, el director de la misma Gregorio Weinberg, renunció. Le seguiría, en febrero de 1986, el mismo Secretario de Cultura Carlos Gorostiza. La cultura, emblema político de Alfonsín, resultó ser una quimera.

 

Después de acompañar como subsecretario de Cultura los proyectos del Ejecutivo durante dos años y dos meses, Marcos Aguinis asume la Secretaría en febrero de 1986, tras la renuncia de Gorostiza. El escritor es visto como alguien que dará continuación al proyecto ya iniciado, promoviendo su consolidación y profundizándolo. Esta etapa inicia con la encomienda de ser un segundo esfuerzo. Tan es así que Aguinis no cambia a nadie del equipo anterior, manteniendo igual los cuadros de la Secretaría de Cultura.

 

Sin duda alguna, el programa que mas apoyó (aun antes de ser el Secretario) fue el Programa Nacional de Democratización de la Cultura (PRONDEC), programa al cual destinó casi todo el tiempo y esfuerzo disponible, demostrando fervientemente su interés en él.[12]

 

El Programa Nacional de Democratización de la Cultura tiene sus orígenes en ciertos conceptos del presidente Alfonsín, conceptos implementados por el Centro de Participación Política en el área de cultura. Podemos rastrear las principales nociones y planes por lo menos hasta principios de 1983 en algunos discursos del futuro presidente, lo cual demuestra que las ideas principales al respecto ya existían desde tempranos tiempos en el candidato radical.[13] De igual manera, como hemos visto, varios de los lineamientos ya existen en el Plan Nacional de Cultura elaborado a principios de la administración de Carlos Gorostiza, el cual es asumido prácticamente en su totalidad.

 

Sin embargo, es con Marcos Aguinis que el proyecto alcanza una estatura de Programa Nacional. Siendo ya Subsecretario, Aguinis comenzó a manejar la idea y a nutrirla. En un temprano momento, en una conferencia en el Centro Cultural San Martín a fines de 1984, expuso y redondeó la idea. Un poco más adelante, en marzo de 1985, Aguinis publica un artículo en el diario La Razón titulado “Ideología de la cultura democrática” en donde puntualiza por primera vez cada una de esas ideas. Ahí se sintetizan algunas de las principales reflexiones, incluyendo aspectos cardinales y rotundas definiciones de política cultural democrática, perfilándose el cariz de las acciones que más tarde habría de encarar el Prondec.

 

Inicialmente, la democracia es definida como un conflicto abierto, afirmándose que la libertad y la democracia no son indoloras, no se homologan con la perfección y el paraíso. La democracia es la plataforma agitada de la vida. Es un conflicto abierto y creador, en contraste con las dictaduras, que se esmeran en ocultar dicho conflicto y reprimirlo. Y la queja estéril sigue siendo un gran enemigo del proceso democrático ya que acumula inmensa corrosividad. Con la queja estéril no se corrige nada, es sólo temporal. Otra cosa es la crítica, la cual es imprescindible en una democracia, siempre y cuando ésta sea responsable. Así, la queja estéril y la crítica irresponsable no generan soluciones fecundas, antes bien, las bloquean o corrompen.

 

La democracia exige relaciones sociales específicas, esto es, un reconocimiento explícito de alteridad. Sin esta aceptación del otro, no puede existir la democracia. Por eso, la democracia es un aprendizaje continuo. Es más fácil culpar y castigar al otro que ser ecuánime. La democracia exige libertad de expresión, la cual es insustituible y deberá ser protegida constantemente. La censura es inaceptable, responde a una concepción paternalista e inmovilizante.

 

Otra forma de atacar la libertad de expresión es fomentando lo vulgar en detrimento de lo popular. La cultura popular es expresiva y liberal, la vulgar es repetitiva y somete. Igualmente pide un sinceramiento de conflictos. La democracia exhibe carencias, distorsiones y ruinas, obligando a ver la realidad como es. El autoritarismo finge resultados. Una cultura de este tipo acrecienta la responsabilidad. La integración es necesaria. La democracia necesita la circulación de valores, ideas, reclamos y propuestas. Estimula el respeto por cada área o especialidad, pretende superar divisiones paralizantes a través de la integración. La desacralización de la cultura es requisito. La democracia debe deshacer el miedo a la cultura, deberá desidealizar la cultura para que pierda extrañeza. Para conseguirlo se debe facilitar a los niveles menos cultivados la posibilidad de expresarse, puesto que la cultura democrática es formativa.

 

Otro requisito es la descentralización. Se debe acelerar una descentralización de la cultura, una multiplicación de los focos de creación y difusión a lo largo y ancho del país. La democracia debe incrementar la ayuda técnica para que el interior pueda crear sus propios espectáculos y a través de ellos reconozca y aproveche al máximo sus propios recursos, alimentando así un sistema multiplicador. Igual el pluralismo, ya que éste sostiene que la variedad es legítima y valiosa en sí misma, siendo además fuente de progreso, garantizando así el impulso transformador y revitalizando el cuerpo social. Para una filosofía de la cultura democrática el pluralismo es riqueza presente y también futura.

 

Entonces, la cultura democrática requiere un profundo sinceramiento, siendo esto la condición primordial del respeto que se deben entre sí mismos los ciudadanos. Esto facilitará un estilo nacional que nos refleje, que nos respalde, que nos haga sentir dueños de nuestro tiempo y lugar. Es, definitivamente, una opción de vida. En una filosofía de la cultura democrática los aspectos señalados anteriormente se relacionan entre sí a través de la vida. La dignificación de la vida conlleva factores tales como solidaridad, amor y participación. El patrimonio de la nación empieza con el patrimonio de sus ciudadanos, con el respeto que merece cada persona. La cultura democrática es el instrumento, el sostén y el testimonio del hombre vivo. [14]

 

“En esencia, la iniciativa está basada en que nuestro país ha iniciado un proyecto de gran magnitud acerca de la incentivación por medio de investigaciones y de acciones programadas, de las conductas y hábitos democráticos de manera de facilitar el desarrollo y fortalecimiento del discernimiento independiente”.[15]

 

A partir de esa fecha, el Prondec comenzó a organizarse, profundizándose el trabajo en febrero de 1986, con el nombramiento de Aguinis como Secretario de Cultura, convirtiéndose en el principal proyecto cultural de la nueva administración, el cual tiene su presentación oficial dos meses después.

 

La presentación oficial se hizo el 28 de abril de 1986 a través de la red de radiodifusión (TV y Radio en forma simultánea y en horario preferente). En su mensaje el Secretario de Cultura puntualizaba que con este Programa se anhelaba ayudar a los argentinos a seguir avanzando en forma permanente y sistemática hacia una real democratización de la vida. Dos palabras son claves en el discurso: cultura y democracia. Después de definirlas, Aguinis afirma que el país sigue “intoxicado de autoritarismo”, por lo que es necesario actuar decididamente.

 

“El programa de Democratización de la Cultura que ahora presentamos aspira a estimular en los argentinos el sinceramiento de nuestras limitaciones para reconocer, en serio y sin soberbia, nuestros valores y potencialidad; a comprender los mecanismos de conducta que sabotean el logro de los objetivos deseados; a asumir con serenidad nuestros conflictos y mirar con coraje los escollos concretos de la realidad.”[16]

 

Emergiendo de una traumática experiencia autoritaria, pareciera que el país esta en condiciones de iniciar un programa que le ayude a acelerar la democratización de los hábitos culturales. El Prondec es este programa, iniciado y coordinado por la Secretaría de Cultura, pero que sería realizado por toda la población del país. Nace con el gobierno de Alfonsín, pero no es solamente de él, sino de toda la sociedad argentina. Comienza en este tiempo, pero tiene un plazo tentativo de diez años, aspirando a crecer en una forma escalonada y prudente. Diversos proyectos se enlazan a éste. El Prondec converge con el Congreso Pedagógico, el Plan Nacional de Alfabetización, el Programa Alimentario Nacional, así como con fundaciones y entidades del bien público. Partidos políticos, organizaciones juveniles, sindicatos, clubes deportivos, universidades, organizaciones vecinales, están llamadas a colaborar con este Programa.

 

“Desde su puesto de trabajo y creación, cada hombre y mujer argentinos pueden sumar su contribución valiosa para sacarnos el miedo, el desprecio, la arrogancia y la sumisión; pueden ya mismo observar, describir y debatir. Este Programa entraña algo tan sencillo –y tan ambicioso- como ayudarnos sistemáticamente a ser más responsables, más racionales , más solidarios. Y más felices.”[17]

 

En suma, el Prondec se inicia a raíz de una visita de Aguinis a la UNESCO, siendo él aún Subsecretario, en junio de 1986. A partir de esto, se otorga un apoyo directo al proyecto, diseñándose un organigrama, un plan de trabajo y estableciéndose una serie de visitas de inspección a la Argentina. Al parecer, la UNESCO lo consideró un proyecto piloto. Una Misión internacional visitó Buenos Aires a fin de implementar el Programa. El grupo estudió las disposiciones legales y los documentos de base, los recursos humanos, financieros y los mecanismos de ejecución. Tuvo reuniones con los diversos ministerios y contacto con entidades públicas y privadas que podrían vincularse a las acciones del Prondec. A partir de ahí se diseñó la estrategia de trabajo, misma que se resume en un documento.[18]

 

El documento está dividido en seis partes: Fundamentos, Objetivos, Estructura del programa, Duración, Campo de Aplicación y Descripción de Actividades. Los Fundamentos plantean las bases teóricas en las cuales se desarrollarán las diversas acciones rescatándose las propuestas de “consolidar una democracia plenamente participativa”, por lo que es “necesario un diagnóstico vasto y profundo” de la condición de la Argentina, puesto que el país “puede convertirse en una experiencia piloto inédita a nivel mundial”. De ahí se pasa a la descripción de lo que es el proyecto democrático para la modernización del Estado, definiéndolo como social, político y cultural, con un pluralismo ideológico necesario. Así, el orden democrático intenta promover e instaurar una relación de reciprocidad, en virtud de la cual los actores, al tiempo que se avienen a compartir una normativa común, “adquieren el derecho y la responsabilidad de intervención activa en las decisiones políticas”[19].

 

Los Objetivos se dividen en Generales y Específicos, siendo seis los primeros y cuatro los segundos. Los primeros son: Incentivar los hábitos democráticos, Apoyar el fortalecimiento del espíritu científico, Consolidar la dignidad de la persona, Contribuir a la comprensión de las características del autoritarismo, Coordinarse con las Universidades y centros afines, y por último, Identificar las áreas menos investigadas. Los segundos son: Incorporar a la mayor cantidad posible de actores sociales al proyecto, Instrumentar y apoyar la ejecución del programa, Contribuir a la articulación, coordinación y complementación del mismo y Difundir su conocimiento y resultados.

 

La Estructura del Programa tiene las siguientes características: Una comisión Ejecutiva, la cual fija las políticas generales y conduce el desarrollo del programa. Un Director Ejecutivo, que controla la ejecución de las decisiones colegiadas. Un Equipo Técnico que instrumenta las actividades del programa. Y recursos humanos suficientes provistos por el Poder Ejecutivo. Se estima que la duración del programa podrá complementarse en diez años, comenzando el primer semestre de 1986, con una Primera etapa que durará veinte meses (abril 1986-noviembre 1987), la cual consistirá en la implementación de procesos de diagnóstico y programación de acciones democráticas y participativas en todos los campos y niveles. Las actividades aquí serán diversas: elaboración de estudios, seminarios regionales, debates, divulgación en los medios, con el fin de combatir al autoritarismo. Todo culminará con una evaluación y definición, la llamada Segunda etapa, que comenzará en noviembre de 1987, en donde se establecerá un balance general y las pautas para continuar[20].

 

El inicio del Prondec tuvo lugar el 7 de junio de 1986 en el Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires. Allí, con la asistencia de representantes de los más diversos campos de la vida nacional, se desarrolló el Primer Encuentro de Democratización de la Cultura. La organización convocó a las reuniones en asuntos tan diferentes como deportes, justicia, seguridad, arte, ciencia, salud y educación, esperando cumplir con la socialización del Programa.

 

El Presidente Alfonsín destacó la importancia de este encuentro en un país acosado por múltiples problemas, puesto que gran parte de las dificultades políticas, económicas y sociales que están en el centro de las preocupaciones argentinas, tienen su origen en un determinado tipo de cultura. Fenómenos críticos que van desde la deuda externa hasta el terrorismo, afirma el Ejecutivo, tienen su germen en el desprecio de las relaciones sociales, la convivencia pluralista y los derechos humanos. Ninguna solución será posible si no tiene sus raíces en una cultura renovada que excluya aquellos vicios valorativos del autoritarismo, la intolerancia y la falta de solidaridad.

 

“Democratizar la cultura significa operar no sobre un área limitada de nuestra vida nacional, sino sobre toda ella. Configura el gran horizonte estratégico en relación con el cual nuestras medidas políticas o económicas revisten un carácter táctico. La diferencia entre uno y otro plano es la que va entre modelar nuestro ser y modelar nuestras circunstancias.”[21]

 

Se trata de desterrar un fenómeno que creció sobre un terreno cultural que generaba en la población las formas mas variadas de consenso del autoritarismo. Así, tomar conciencia de estas formas con el propósito de aislarlas para después extirparlas de la cultura argentina, constituye la principal tarea a efectuar.

 

Al final del encuentro, en donde la concurrencia “ya no actuará como público pasivo sino como un grupo activo”, se elaboraron unos documentos intentando plasmar el diagnóstico general de las diversas mesas de trabajo. Las mesas fueron Derecho, justicia y seguridad, Deportes, Educación, Arte, Salud, Vida vecinal y Administración publica. Los resultados, expuestos a manera de diagnóstico y propuestas, concurren en los mismos temas. Estimular la autogestión, capacitar, insuficiencia del sistema educativo, democratización del poder, acceso a la justicia, falta de sistematización, falta de criterios adecuados, carencia de participación, carencia de difusión, sanciones incoherentes, intolerancia, dependencia de normas rígidas, miedo a la innovación, adaptación pasiva, escuelas autoritarias, esquemas paternalistas, relaciones no democráticas, deshumanización de la atención, y una diversidad más de conceptos similares.[22]

 

El Encuentro se cierra con el anuncio de que habrá un segundo en Córdoba, tomando como base las propuestas de este primero. Por otra parte, las reacciones fueron múltiples y variadas, destacándose el procesamiento del material ya elaborado, la diagramación de las investigaciones y la incorporación del proyecto a otros organismos estatales. Igualmente, las presiones políticas sobre la Secretaría de Cultura se acrecentaron, destacándose la solicitud, ya de manera formal, de que ATC, la televisora estatal, pasará a formar parte de la Secretaría de Información Pública, dejando el rol que cumplía en la difusión de los programas de la Secretaría de Cultura.[23]

 

A partir de ese momento, los sucesos se desencadenan. La Secretaría de Cultura enfrentó diversas embestidas políticas provenientes sobre todo de la llamada Coordinadora[24]. Diversos grupos buscaron descalificar al Prondec en múltiples acciones, destacándose el retiro del canal de televisión ATC de la Secretaría de Cultura en enero de 1987. Aguinis renuncia en febrero de 1987 a la Secretaría, logrando continuar con la responsabilidad del Prondec.

 

Es así como se ingresa en la llamada Segunda etapa del Programa, con apoyo directo de la UNESCO a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se realizaron encuentros multisectoriales, en la Capital federal, en Córdoba y en Paraná. Se convocó a instituciones de muchos tipos, efectuándose seminarios y talleres, imprimiéndose la información necesaria y haciéndose la distribución pertinente. Pero el Prondec dejó de ser un Programa de la Secretaría de Cultura de la Nación.

 

Así pues, debemos concluir esta sección diciendo que el Programa Nacional de Democratización de la Cultura fue concebido como un mega proyecto organizador de funciones, que más que querer sólo democratizar la cultura ambicionaba democratizar a toda la sociedad. De ahí su esfuerzo por conjuntar en un sólo proyecto todas las acciones del gobierno que tendían a unificar a la sociedad (Agua, vivienda, alimentación, trabajo), acciones que por lo mismo generaron tantas resistencias políticas tanto en grupos fuera del partido como al interior de la UCR. Y de igual manera que los anteriores planes radicales, el Prondec resultó ser una amalgama de planes y más planes, con poca visión práctica y carencia casi absoluta de recursos (salvo lo aportado por UNESCO).

 

El Proyecto principal de Aguinis se pierde, finalmente, dentro de los vericuetos burocráticos terminando en nada. La unidad con las diversas fuerzas transformadoras, con los demás Planes de gobierno (Programa Alimentario Nacional, Programa de Provisión de Agua, Congreso Pedagógico) resultó en esfuerzos vanos. Por un lado, la crisis del gobierno radical que perdía credibilidad de manera acelerada, y por otro, la escasez de recursos ante el fracaso del plan económico implementado, hicieron el proyecto irrealizable.

 

Pero también a esto hay que sumarle la conducta de los grupos que manejaban políticamente las decisiones dentro de la UCR, específicamente la llamada Coordinadora, la cual venía presionando ya desde la administración de Gorostiza, con la intención de darle un giro a las políticas culturales del gobierno de Alfonsín, y en especial a la política de los medios de comunicación, con la intención de cambiar o por lo menos influir en las elecciones nacionales que se avecinaban. En realidad, los cuerpos conformados por los artistas provenientes del CPP nunca fueron aceptados, considerándolos como gente externa al partido. Y si a esto le agregamos la actitud personal del Secretario de Cultura en turno, el cuadro estaba completo.

 

La política real terminó imponiéndose sobre las aspiraciones utópicas. El traspaso del canal de televisión ATC al ámbito de la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Presidencia (hecho a principios de 1987), con la intención de modificar la publicidad gubernamental, fue el primer indicio del cambio de rumbo de la política cultural del gobierno radical. A partir de entonces no existirán ni propuestas ni deseos de cambio.

 

Carlos Bastianes, tercer Secretario de Cultura de Alfonsin, no es nadie en el ambiente cultural. Fuera de algún oficio como editor o traductor, su vida académica o artística es inexistente y su trabajo como intelectual es nulo[25]. Entonces ¿por qué Bastianes? Eso fue para mí, desde el inicio de la investigación, una inquietud. ¿Qué fue lo que orilló a Alfonsín, Presidente amante de la cultura, conocedor del ambiente artístico, a contradecir tan flagrantemente una de sus promesas de campaña? Si el tercer Secretario de Cultura del Gobierno Radical no era ni académico ni artista, entonces ¿quién era? Al responder esta pregunta se empieza a dilucidar las razones de Alfonsín.

 

Bastianes se inició en la política como Secretario particular de Enrique Nosiglia cuando éste despachaba en el Colegio de Graduados (1983) y al decir de quienes lo conocieron, se caracterizó siempre por su actitud servil:

 

“Y ahí nos recibió un tal Carlos Bastianes quien actuaba como si fuese Secretario de Nosiglia. Ya viene, ya viene, está llegando...  repetía siempre caminando de una punta a la otra de la oficina con la punta de los pies hacia fuera, como Chaplin, y con un saco a medio poner”.[26]

 

El “Gordo”, como le decían, era miembro eterno de los jóvenes coordinadores porteños que acompañaban irremediablemente al Coti en sus movimientos políticos. Constante seguidor de sus pasos, siempre estaba dispuesto a ayudarlo en todas las maniobras que este emprendía. El 12 de octubre de 1985, por ejemplo, los radicales se encontraron en la sala VIP de Aeroparque vistiendo sus mejores galas con la intención de hacer una visita dominical a la estancia de Amalita Fortabat, en Olavaria, con la intención de compartir un asado con David Rockefeller. Y entre ellos estaba Bastianes, esperando a Nosiglia que venía con una hora de retraso.[27]

 

Carlos Bastianes asume el cargo de Subsecretario de Acción Social, en diciembre del 1985, puesto que Nosiglia deja al ser nombrado Presidente del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Entra ya a la segunda línea del poder, e ingresa en él precisamente por la característica que le distinguirá desde siempre: es un incondicional. Ese camino lo conducirá, en febrero de 1987 a la Secretaría de Cultura.

 

El cuadro esta ahora completo. En su afán de manejar todos los medios de comunicación disponibles, los hombres del Presidente creen tener ya todos los espacios disponibles. Canal 13 era manejado desde el principio de la administración radical por la Coordinadora y ahora, con el control directo de la Secretaría de Cultura (incluyendo desde luego sus medios de difusión y desde luego ATC) se considera que todos los mecanismos de comunicación masiva que pertenecen al estado están en condiciones de preparar las elecciones de septiembre de 1987, elecciones que finalmente terminaron definiendo el futuro del gobierno de Alfonsín.

 

Con la llegada de Bastianes a la Secretaría de Cultura, llegaron también los cambios en la conducta de la dirección. Las actitudes que se creían desterradas para siempre comenzaron a hacerse presentes de manera cotidiana. Por ejemplo, la segunda parte del documental “El Galpón de la Memoria” dirigido por Rodolfo Hermida fue censurado. Imágenes de Videla, la dictadura, el Mundial de Fútbol, el intento de guerra contra Chile o Massera. Y testimonios de Enrique Pinti, Graciela Fernández Meijide o Estela de Carlotto componían el programa. En Abril de 1989 el Secretario de Cultura informó al presidente de la Fundación Plural sobre el malestar que había causado en las Fuerzas Armadas el primer capítulo. La Fundación Plural, responsable editorial del programa, decidió autocensurarse y postergar la emisión. El documental, en su segunda parte, nunca salió al aire.[28]

 

Y así fue el final de los proyectos culturales de la administración radical. Durante los casi dos años que duró la administración de Carlos Bastianes nada novedoso se produjo, reinando primero el oportunismo político y después la despreocupación total. Regresemos al ejemplo ya emblemático de la Biblioteca Nacional (lugar de paradojas y cabulas decía Borges), edificio que simboliza la historia de la cultura Argentina, siendo su construcción un proceso acorde al desarrollo de las políticas culturales de las épocas respectivas. Hemos visto como el Gobierno radical hereda una problemática ancestral intentando en los primeros años solucionar el problema. Esfuerzos reiterados por conseguir el presupuesto para finalizar el edificio se efectuaron, sea mediante negociaciones, presiones o tratos. Bastianes simplemente ignoró las propuestas desechando la problemática, aunado esto a la escasez de recursos y al boicot sistemático de los opositores justicialistas internos a la administración, la biblioteca no se terminó.

 

 

c) Consideraciones Finales.

 

Sin duda alguna, las políticas públicas en general (y la política cultural en particular) implementadas por la democracia naciente del Gobierno de Alfonsín, estuvo marcada de manera definitiva por el llamado Gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. La oposición a la censura y autocensura, la degradación de las libertades sociales, la disminución de la producción y de los consumos de bienes culturales y la total fragmentación del campo cultural, resultantes del Gobierno militar, limitaron de manera real las disposiciones en materia cultural del cuerpo político que llega al poder en 1983.

 

La vuelta a la ley continúa el proceso histórico de Argentina como las leyes civiles de 1853, los derechos sociales y de la ciudadanía de 1940 y la constitución de 1949. Pero de igual manera, de lo que se trata a partir de esa fecha es de construir un estado diferente y una gobernabilidad democrática, entonces se intentó construir un Estado que propiciara la libertad y el bienestar social para sus ciudadanos, incluyendo en esto los bienes culturales.

 

¿Cuáles son las condiciones de constitución real de esta sociedad nueva? Este acertijo de la teoría política definirá todo el planteamiento posterior. El voto popular otorga legitimidad en el gobierno pero no da organización política, verdad evidente, pero, para que un gobierno legítimamente constituido pueda regenerar a la sociedad que lo conforma, es necesario transformar a los agentes. Estudiosos de la época se dieron cuenta de esto ya desde el primer año del gobierno de Alfonsín.

 

“La consolidación de la democracia requiere la formación de un nuevo campo intelectual, en el cual la producción y la distribución de bienes culturales tengan el carácter de derecho social[29]

 

Junto con el deterioro sufrido en sus garantías individuales, otro de los rasgos fundamentales del campo intelectual nacional heredado del Proceso fue su fragmentación. El deterioro de la escolaridad formal, caducidad de instituciones militares asociadas a pretéritos prestigios, Academias Nacionales de mediocres características, ausencia de instancias verdaderamente culturales, inexistencia de actividad en la sociedad civil, eran las condiciones comunes de esos años.

 

Tres grandes procesos son las causas de esta situación. Primero, la erosión del campo cultural de inspiración liberal conservador; en segundo lugar, las transformaciones culturales y sociales de la década del 70 y finalmente el fracaso de la operación de la forzada culturización global ensayada por el golpe fundacional de 1976. La transición política se presenta entonces como una oportunidad de recomposición del campo cultural nacional.

 

El deterioro de la cultura obedece a los diferentes niveles en que se situó la operación cultural del gobierno militar. La política de instrumentar una actividad de reclutamiento cultural, intentando propiciar un cambio de mentalidad de los argentinos en base a dispositivos de coerción y a un estricto control de los medios de comunicación, será la norma. El empobrecimiento de la vida cultural fue uno de los obvios resultados de esta gran operación. La reducción de la circulación de libros y revistas, producción discográfica y cinematográfica era notoria. La represión total.

 

“Penuria de sentido en la sociedad, censura y autocensura, disminución de la producción y de los consumos de bienes simbólicos, fragmentación del campo cultural: todo esto como saldo de una operación de reculturización que combatió contra la memoria de los argentinos, sin poder pasar nunca a la etapa de la producción de una nueva cultura, asociada al nuevo ciclo histórico que se prometía fundar.”[30]

 

Ahora bien, la represión organizada por el gobierno militar, con las características descritas, propició la organización de iniciativas culturales de la sociedad civil o de actividades con el carácter de verdaderas estrategias de sobrevivencia (la demanda educativa). La defensa de temas propios de la actividad cultural o de eventos que adquirieron por el sólo hecho de efectuarse, un valor simbólico (el rock nacional y sus conciertos, el Teatro Abierto), fueron hechos culturales que adquirieron carácter político, ocupando una vigencia política y un espacio público. Así, la cultura subterránea, sectores de la deteriorada industria cultural y las fracturas abiertas en el aparato cultural del estado, fueron convergiendo en el tiempo y diferenciándose de las operaciones del gobierno militar en el plano de la cultura.

 

De esta manera, el gobierno de Alfonsín se encontró frente a una necesidad clara y precisa. El requerimiento de contar con una política cultural nacional, cuyos fundamentos principales se encuentran en el carácter de bien social de la producción y consumo cultural, de la calidad de vida del pueblo y su posible intervención en la expansión de una cultura política democrática. Alfonsín tenía una idea muy clara de esto, comprobada en la constitución de los CPP y en varios discursos previos a su toma del poder. Cuestiones como democratización de la cultura, el manejo de la cultura por los propios artistas, la desaparición de la censura o la reglamentación del funcionamiento del aparato cultural del Estado, ya las tenía presentes el candidato de la UCR desde una muy temprana fecha.

 

Y eso fue lo que se intentó hacer en la primera etapa de la Secretaría de Cultura durante el Gobierno de Alfonsín. Y el Plan Nacional de Cultura fue el reflejo de todo esto. Esas cuestiones ya están implicadas en las políticas culturales de la transición democrática: creación cultural y la intervención estatal, rescate y puesta en vigencia de las conquistas culturales del pasado, reactivación de la industria cultural, recuperación del patrimonio nacional, la censura, diversidad cultural, reconstrucción del aparato educativo, la organización de los medios electrónicos de comunicación, son todos temas presentes en el documento final. Una sociedad que había vivido con censura cinematográfica, secuestro de publicaciones, universidades cerradas a los intelectuales de izquierda, debe ahora pensar en políticas culturales nuevas y alternativas.[31]

 

Se revisan conceptos como política cultural, proyectos culturales y el lugar del Estado en dichas iniciativas. Los primeros años de gobierno democrático fueron testigos de acontecimientos que marcan gérmenes de una nueva vida cultural insospechada años atrás. Referéndum, clausura de la censura, procesos militares, leyes y decretos de todo tipo, en fin, un sinnúmero de acciones que marcaron de manera definitiva el actuar de la sociedad en su conjunto. La democratización de la vida política y la consecuente reactivación de espacios institucionales suprimidos por la dictadura militar le confieren un mayor espacio a la diversidad de problemas, aunque no siempre a las soluciones, que se habían anudado en el sistema político argentino.


 

 

[1] La Nación, 11 de diciembre de 1983.

[2]  Aunque Gorostiza afirma que desde el principio Alfonsín, sabedor de la problemática de la Secretaria en esta situación, le prometió “Yo seré su abogado”. Gorostiza, Carlos, El Merodeador Enmascarado, Seix Barral, Buenos Aires, 2004, p. 241.

[3]  La Nación, 20 de enero de 1984.

[4]  Por lo demás, el mismo Gorostiza narra la forma tan peculiar de cómo logró ser aprobada la Ley en el Congreso: por la compra directa de los votos peronistas. Gorostiza, Carlos, Idem, p. 245.

[5] La Nación, 3 de marzo de 1984.

[6] El problema no era nuevo. En su oportunidad, la Academia Nacional de Bellas Artes formuló un plan de acción cultural para el año 1981, recogiendo diversas iniciativas que se habían planteado en años anteriores, aunque poco o nada se hizo entonces. Defensa del patrimonio cultural, régimen de desgravación impositiva de las obras de arte, el finalizar la construcción de la Biblioteca Nacional la cual “se demora mas de una generación”, un Auditorio Musical, la remodelación del Museo Nacional de Bellas Artes, eran reclamos ya enunciados. La Nación, 27 de diciembre de 1983.

[7] Plan Nacional de Cultura, Op, Cit., p 22

[8] Palabras usadas por el mismo Gorostiza. Op. Cit., p. 246. El entonces Secretario de Cultura afirma que incluso se llego a presionar con la renuncia de él y del Director de la Biblioteca, Gregorio Weinberg, con el fin de conseguir los fondos necesarios para finalizar la construcción del edificio.

[9] Por lo demás, no deja de ser sintomático que se haya demolido la residencia de Eva Perón para construir la Biblioteca Nacional. Otros proyectos de construcción generados en este periodo, al los cuales sin duda regresaremos posteriormente, son los que van en el sentido de disponer de los edificios de Galería Pacifico y Casa de la Defensa para la creación de la Casa Argentina de Cultura y del Mercado de las Artesanías Nacionales respectivamente. Estos proyectos tendrán un giro muy particular en la era Menem.

[10] “La Biblioteca Nacional, postergada” en La Nación, 16 y 17 de julio de 1984.

[11] Para los datos sobre Decretos y Leyes véase el sitio del SAIJ, Sistema Argentino de Información Jurídica (www.saij.jus.gov.ar), extraordinario sitio de información.

[12] Ya desde tempranos momentos en su gestión como Subsecretario de Cultura, Aguinis se había detenido en la propuesta. Ver “Ideología de la Cultura Democrática”, Debates, no 3, mayo de 1985, pp. 4-8.

[13] Véase por ejemplo, Alfonsín, Raúl. “La transformación Cultural. Un objetivo de la cooperación Iberoamericana”. Ponencia presentada en Madrid, 1983. En Cultura y Democracia. Documentos de trabajo del taller de cultura y medios de comunicación, Centro de Participación Política, Unión Cívica Radical, Buenos Aires, 1983.

[14] La Razón, 12 de marzo de 1985.

[15] Clarín, 11 de noviembre de 1985.

[16] “Presentación del Prondec al país”, en Marcos Aguinis y otros, Memoria de una siembra, Planeta, Buenos Aires, 1990, p. 24.

[17] Ibid, p. 28

[18] Programa Nacional de Democratización de la Cultura. Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la UCR. Buenos Aires, Argentina.

[19] Ibid., p. 15.

[20] Ibid. p. 22.

[21] Clarín, 8 de junio de 1986.

[22] Memoria de una siembra, Op. Cit., p. 71.

[23] Ver las notas en Clarín del 2, 3 y 4 de agosto de 1986. Al parecer la principal oposición a Aguinis provenía de los mismos Radicales, en particular del Comité Nacional de la Juventud Radical, basándose en el uso que la Secretaria de Cultura hacia de ATC, afirmando que este era usado más para la promoción personal de Aguinis que para difundir los programas del Gobierno de Alfonsín.

[24] Junta Coordinadora Nacional, organismo encargado de reclutar adeptos para la Unidad Cívica Radical. Sin duda, regresaremos más adelante sobre este punto, crucial en el manejo político en la Secretaria de Cultura y en el Gobierno de Alfonsín.

[25]  Tiene un trabajo de traductor del brasileño al español. Ver Celso Furtado et al., Brasil: hoy, Siglo veintiuno, México, 1986. Bastianes traduce un articulo de esta compilación.

[26] Gallo, Darío y Álvarez Guerrero, Gonzalo. El Coti, Sudamericana, Buenos Aires, 2005. p. 124.

[27] Ibid., p.138.

[28] Clarín, Viernes 07 de marzo de 1997, Buenos Aires, República Argentina.

[29] Landi, Oscar. “Cultura y Política en la Transición a la Democracia” en Nueva Sociedad, numero 73, Venezuela, julio-agosto de 1984, p. 66.

[30] Ibid., p. 72.

[31] Existe un interesante articulo que da cuenta de todas estas vicisitudes desde un punto de vista académico. Sarlo, Beatriz. "Argentina 1984: la cultura en el proceso democrático” en Nueva Sociedad, Op. Cit., pp.78-84.