Es fuerte y predominante el análisis del poder, dentro de la filosofía política y la ciencia política, como circunscrito a la esfera del Estado y todo lo que se desprende de él. No se puede ignorar esta orientación, pues tanto la historia política como el desarrollo mismo de las teorías en este campo así parecieran confirmarlo. Sin embargo, no es menos importante el entramado de poder que se produce en la base misma de las relaciones sociales, en el fundamento de la condición humana. Y, por tanto, en todo aquello que tiene que ver con la construcción de organización y la formación de movimientos sociales. Toda práctica social está, inevitablemente, atravesada por ese sentido mágico de la producción de fuerza que se hace visible en toda acción humana, en el engranaje mismo de la vida diaria. Aún los signos que no aparecen o los silencios tienen una producción de sentido que se enmarcan en el campo del poder. Recordemos nada más la imagen que recorrió el mundo de la silla vacía, al lado del Presidente Pastrana, cuando se iniciaban las negociaciones de paz en San Vicente del Caguán[1] . De esta manera, aún las acciones de los agentes, o actores del Estado no escapan a los efectos del poder; pues sus funciones, el cumplimiento del deber ser del Estado, están sujetas a las relaciones de poder en que está inscrito el burócrata como sujeto común y corriente que no tiene la investidura de lo estatal.

El poder se expresa, entonces, en múltiples significaciones que le dan contenidos diferentes, y que lo sitúan en espacios que no pueden reducirse a los estrictamente negativos. Quiere decir esto que al identificarlo como elemento constitutivo de la condición humana, es parte esencial de la misma. Impregna la vida de los sujetos sin que obligatoriamente pueda identificarse como un aspecto coactivo o de negación del otro; de quien lo ejerce o de quien lo padece. Más bien, podría tomarse como afirmación de los ejes estructurales que dan sentido a la misma sociedad, a los grupos sociales a todo aquello que es propio de la acción humana. Basta no más con darnos cuenta de las múltiples formas de organización que surgen dentro de un mismo sector social. Los indígenas tienen varias, los campesinos igual, y no menor es la situación en sectores urbanos. No pocas veces con intereses y objetivos contradictorios y antagónicos. Otras solamente como expresión de matices y diferencias que son producto de la diversidad étnica y cultural, o simplemente de la pluralidad de opciones y de prácticas. Lo mismo puede decirse de las diferentes expresiones de resistencia comunitaria y civil.

Si observamos las prácticas inscritas en la cultura política dominante en Colombia, hay un consenso en que se han centrado en la lucha por el control del aparato de Estado, desde una orientación patrimonialista. Es decir, en constituir el espacio estatal en la propiedad de las familias o los grupos de poder que lo manipulan o lo controlan. La acción electoral, por ejemplo, está guiada por la disputa del acceso al control de los centros de poder que garantice el usufructo de las maquinarias burocráticas. El ejercicio de la gestión pública está atravesado por las lealtades que los funcionarios le deben al político de turno. La labor para realizar las funciones públicas se diluyen en el andamiaje de los intereses particulares. Las relaciones de fuerza se definen por la capacidad económica, la cercanía o distancia del control de la burocracia, o por la intimidación o la eliminación. Lo cual confirma, lo que ya es un acuerdo, que en sociedades como las nuestras lo que se llamó la modernidad sólo se produjo en débiles procesos, y aún éstos hoy se debaten en un precario acceso a los bienes o los logros que ella produjo en otros lugares.

Definiciones como las que hace el Portugués Boaventura de Souza Santos, quien ha hecho investigación con comunidades indígenas de nuestro país, difícilmente pueden ser aplicadas al desenvolvimiento histórico de Colombia: "La modernidad del Estado Constitucional del siglo XIX se caracteriza por su organización formal, unidad interna y soberanía absoluta en un sistema de estados y, principalmente, por su sistema jurídico unificado y centralizado convertido en un lenguaje universal por medio del cual el Estado se comunica con la sociedad civil". (De Souza Santos, 1998: 140). Pues apenas sí realizaba el Estado un reacomodo hacia la institucionalidad moderna, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, cuando se acentuaron las luchas civiles y se precipitó la prolongada guerra en la que, con diferentes variaciones, nos encontramos hoy. Lo cual implicó que no se produjo un tejido social que fuera espacio fértil para que se cumplieran las condiciones planteadas.

Aún propuestas como las del canadiense Kymlicka de los Estados multinacionales y su correspondiente expresión multicultural se vuelven ajenas a experiencias pluriculturales tan vitales como las nuestras y de varios países de América Latina. Nada más sería referirse a su caracterización de la Nación para encontrar que inevitablemente parte de acumulados históricos, como los de Canadá, que se revierten en una cultura política que le permite rescatar la multiculturalidad defendiendo los derechos individuales del liberalismo. Es la conclusión que se puede obtener cuando afirma: "La defensa de los derechos culturales... la conectaré con una teoría liberal de la justicia comprometida con la autonomía individual y la igualdad social". (Kymlicka, 1996: 37) Pues la pluriculturalidad de la nación, incorporada en 1991 a la Constitución Nacional de Colombia, ha estado sujeta a los vaivenes políticos de la compleja realidad colombiana y, por tanto, con serias limitaciones en su ejecución. Sólo contrastada con la fuerza de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas, y con un incipiente proceso en la misma dirección de las afrocolombianas.

Aún en relación con los partidos encontramos muchas limitantes si los consideramos, en términos generales, como los catalizadores de los fines colectivos de la sociedad, por encima de los intereses de grupo o particulares. Pues los partidos en Colombia no hacen más que producir y reproducir las clientelas que aseguren la reproducción del orden político y social dominante. El lenguaje camufla los sentidos que se orientan a mantener este dominio. Los símbolos políticos perpetúan la herencia que la memoria histórica sortea a través del tiempo. La cotidianidad recrea en las acciones diarias los sentidos de pertenencia arraigados en los sueños que hacen de este orden político, económico y social el preferido o el elegido. No hablamos aquí de problemas mucho más estructurantes del sistema social y político, del modelo de desarrollo, de las condiciones de desigualdad social y del orden internacional. Nos referimos a aquello que está inscrito en el juego de poderes más simple o más particular. A los procesos que delatan las raíces de la vida misma de los ciudadanos y ciudadanas y de no pocas comunidades.

El poder aristocrático y clientelista en el Cauca 

Para el caso del Departamento del Cauca[2] debemos registrar que el ejercicio de la política, en relación con el Estado, se ejerce mayoritariamente por el liderazgo de la elite, canalizado a través de los partidos tradicionales y del control que éstos hacen del aparato de Estado. Es a través de ellos que se introdujeron algunos elementos de modernidad, aunado a los que se produjeron por algunas prácticas de la iglesia católica. Sin embargo, limitados en su perspectiva histórica en la posibilidad de construir una cultura política similar a la que querían copiar de los países europeos. Puesto que la forma de introducir la valoración de los intereses colectivos se hizo por la adopción de su verdad como la única y los intereses de grupo o de clase social, claramente identificados, como los de toda la sociedad. Sumado a la conducta de una dirigencia política que se enorgulleció de ejercer prácticas aristocráticas y serviles que tendieron a privilegiar los escudos familiares o los blasones de viejas tradiciones a asumir los riesgos, incluso, de un desarrollo capitalista. De allí que recibiera con agrado su figuración en las directivas nacionales de sus partidos políticos o del mismo Congreso Nacional, sin que ello representara un aporte al desarrollo del departamento. Valores, a su vez, consagrados, en nuestro caso, por una religión que asumió la cobertura de todo espacio como un mandato divino, y su confrontación, como la acción del diablo, del demonio, de satán en quien así lo asumiera. 

Hay lugares que aparecen como comunes, pero no por serlo deben relegarse desde el punto de vista del análisis. El Cauca introdujo una forma particular de ejercicio de poder del Estado de corte aristocrático, religioso y racista que dentro de la memoria histórica produjo características particulares en el ejercicio de la dominación. Es de recordar que su capital, Popayán, tuvo varias de las familias más representativas en la compra y venta de esclavos en Colombia hasta finalizar el siglo XIX, que se ejercía principalmente sobre los negros. Fue allí donde también se tipificó el más reconcentrado racismo frente a esta etnia y la de los indígenas, cuyas secuelas aún hoy dejan sus rastros. Desde principios del siglo veinte se produjo formas más abiertas de resistencia en su contra. Principalmente desde fines de la década del 60 por lo cual encontramos en el campo de los dominados y los excluidos formaciones étnicas fuertes, especialmente entre los indígenas, tanto en su manifestación regional como en el aporte que hacen a su desarrollo en el nivel nacional. Respecto de los grupos negros no hay tanto avance organizativo; sin embargo son un componente demográfico y cultural importante, con un 30% de la población total. Sus grupos se encuentran ubicados en varios sitios estratégicos del territorio departamental: Norte, Costa Pacífica, Patía y Tierradentro; aunque con poca articulación entre sí. Problema que lentamente se supera con la creación de la Unión de Organizaciones Afrodescendientes del Departamento del Cauca (UOAFROC).  

Tampoco el desarrollo capitalista permeó a los sectores económicamente dominantes; que con sólo cruzar la frontera geográfica de los nudos andinos los colocaba a las puertas del Valle próspero e industrializado, con su capital Cali y el puerto marítimo de Buenaventura. Quiere decir esto que ni mentalidad capitalista ni su congruente ideología democrática-liberal fueron adoptados por quienes tenían el control hegemónico del Estado en esta región. Con el agravante de que el jalonamiento capitalista que se produjo entre las décadas del veinte y del treinta en el país, y posteriormente a partir de la del 60, relegó al departamento a los últimos renglones en sus índices de crecimiento económico, lo desplazó de los centros de decisión económica y, al mismo tiempo, su expresión política fue regulada por las fuerzas que asumían el control político de la nación. 

Estas circunstancias fueron incubando en el departamento un acrecentamiento de las condiciones de pobreza, de desigualdad y de injusticia social. Proceso que se acentuó con las dificultades de los diferentes municipios para incrementar su base productiva y para acceder al mercado nacional, e incluso, al mercado regional. Ya no sólo pensando en los municipios de la costa pacífica caucana sino también en muchos que aún hoy día son de difícil acceso o tienen vastas zonas con precarias formas de transporte. Estimulado todo esto por que, a la falta de empresas, el Estado es el que mayor oferta laboral produce, con sus secuelas de corrupción, clientelismo, paternalismo y patrimonialismo. Situación que se volvió más crítica desde fines de la década del ochenta del siglo pasado con la apertura económica desembozada, y su soporte el neoliberalismo, que arruinó a innumerables productores del campo; en especial a campesinos pobres y medios y a indígenas. Su imposición de la disminución del Estado cerró las posibilidades para que amplios sectores de la población puedan acceder a servicios básicos, y condujo al despido de una gran cantidad de trabajadores que incrementó el desempleo.

Resistencia y lucha social

Sin embargo, la lucha política y la historia política de los pueblos demuestran que las sociedades no son uniformes. Que, aún en los regímenes más autoritarios, se abren paso procesos de resistencia que confrontan el orden social dominante y que incuban o protegen en su lucha diaria proyectos alternativos de sociedad y de cultura. Hoy los estudios sobre resistencia se han ampliado; aunque con orientaciones teóricas disímiles. Una le asigna como característica importante que “se trata de una acción colectiva y que evita cualquier recurso sistemático a la violencia” (Randle, 1998: 25), orientándola preferentemente hacia los hechos históricos de resistencia de pueblos o de países a acciones imperialistas o colonizadoras. Aunque la enmarca en objetivos más amplios de tipo reformista “como la supresión de una injusticia concreta.... Pueden estar encaminados al acoso y derribo de un gobierno determinado o de una autoridad de facto, o al derrocamiento de todo un sistema político y social” (Randle, 1998: 26) Otra, se sitúa en el marco de lo que llama la infrapolítica y le da sentido a los símbolos, el lenguaje, la fiesta, el carnaval, como expresiones de la resistencia. “Puesto que la actividad política explícita está casi prohibida, la resistencia se reduce a las redes informales de la familia, los vecinos, los amigos y la comunidad”. (Scott, 2000: 236) Barrington Moore analiza de qué manera los de abajo se representan la injusticia y cuáles son los contenidos de resistencia que desarrollan en consecuencia. (Moore, 1996)

El marco del ejercicio de la resistencia, entonces, supera la acción directa y la violencia y se extiende a todo tipo de práctica social y cultural, y se expresa como una forma del ejerció de poder y de las relaciones de fuerza de múltiples prácticas sociales. La memoria histórica se desdobla y permite hacer aparecer los sueños ocultados, las utopías represadas, la creatividad sometida, el lenguaje silenciado, los símbolos aprisionados, las libertades cercenadas. Esto hace que la resistencia no sea sólo una forma de confrontación a un ejercicio dominante de la política o de la cultura. Es también la construcción de proyecto de vida y de sociedad. Es la apuesta a hacer emerger, desde las raíces de la vida comunitaria, procesos culturales que afirman el deseo de transformación y el derecho a que el mañana pueda estar en manos de los hasta hoy olvidados por siempre. Cuando la resistencia no se hacía fuerte localmente, por momentos o períodos, por el control o represión de las clases dominantes o por la ausencia de fortalecimiento comunitario u organizativo, fue recreándose en las mentes de pequeños grupos, en acciones aisladas, símbolos, imágenes, lenguajes y rituales de su existencia cultural cotidiana. Indicando con ello una relativa forma "pasiva", en su expresión externa, puesto que no se registraban acciones directas; pero, activa en la dinámica de la construcción de los instrumentos que a largo plazo fueron reventando en la acción de confrontación a las acciones de dominación. Su manifestación más expresa se da en el Cauca con los movimientos indígenas y se abren perspectivas similares con los procesos de las comunidades afrodescendientes y de no pocas campesinas y semiurbanas y urbanas.

El Cauca vio surgir, en la década del 10 del siglo pasado, un levantamiento indígena dirigido por quien se convirtiera en un mítico dirigente: Manuel Quintín Lame (Castrillón, 1973) que confrontó los valores hegemónicamente dominantes frente a su etnia y se constituyó en una fuerza que inevitablemente debía tenerse en cuenta en las relaciones de poder. Acción cuyos principios y contenidos atravesó el siglo; así muchas de las actuaciones del líder puedan ser calificadas como ambiguas por apegarse persistentemente a las opciones normativas para el logro de sus derechos y a su relación con los partidos tradicionales. Sin embargo, este carácter pionero se volvió símbolo y trascendió el devenir del tiempo al ser retomados hoy muchos de sus planteamientos doctrinarios, rescatado su valor histórico y al ser incorporado como nombre del grupo guerrillero indígena que operó durante la década del ochenta del siglo veinte.

Igualmente, en la siguiente década, la del veinte, empezaron a expresarse corrientes socialistas y comunistas introduciendo un nuevo ideario político que le decían a la sociedad caucana que las alternativas políticas impuestas tradicionalmente a esta región, y al país, no eran las únicas (Jaramillo, 2000). Sus prácticas y formas de lucha irrumpían fragmentariamente en el escenario político y en la vida del pueblo, produciendo hitos de transformación de las que hasta ese momento eran las formas de hacer política. El mismo liberalismo salió beneficiado con esta corriente política al ser presionado a radicalizar sus acciones políticas, cuya manifestación más fuerte fue la UNIR (Unión Nacionalista Izquierdista Revolucionaria) de Gaitán y el gaitanismo, en las décadas del 30 y del 40, y luego, en la década del 60, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL).

El Cauca no fue ajeno a la confrontación armada que vivió el país desde finales de la década del 40 del siglo pasado. Tampoco a la actividad de las organizaciones guerrilleras marxistas que fueron creadas después del triunfo de la revolución cubana. De tal manera que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), el Ejercito Popular de Liberación (EPL), el comando Pedro León Arboleda, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento 19 de Abril (M-19), El Grupo Jaime Bateman Cayón y el Quintín Lame, entre los principales, estuvieron o están asentados en este territorio. A la inoperancia del Estado, al gamonalismo de los partidos políticos tradicionales, al predominio del modelo de desarrollo capitalista y neoliberal se planteaba la alternativa socialista marxista de la violencia revolucionaria. Eso implicaba que la cultura política era atravesada por el juego de múltiples fuerzas; pero en particular de aquellas que chocaban con los partidos Liberal y Conservador y con el sistema económico y social dominante.
 
De tal manera que la formación de organizaciones y movimientos sociales en el Cauca está atravesada por todas estas dinámicas de su historia política y cultural. Al ser en su mayoría expresiones por fuera de los partidos tradicionales fueron débiles en su acción hasta la década del 60 del siglo pasado. Por eso es factible registrar que el mayor fortalecimiento y la más amplia convocatoria se produjo a finales de los ochenta y a lo largo de los noventa en relación con el impacto del neoliberalismo y la globalización. Contexto que produjo una nueva dimensión de los movimientos sociales. Pues no sólo agudizó las confrontaciones por la solución de las necesidades básicas insatisfechas y contra el desmonte del Estado sino que concitó la búsqueda de organización y la solidaridad mundial.

Sus más notorios resultados se produjeron en las protestas contra los organismos mundiales del comercio, las finanzas o las potencias industriales en Seattle, Davos, Praga, Porto Alegre, Canadá y México. Lo cual plantea una dinamización de los movimientos sociales que tiende a su fortalecimiento por las secuelas que produce el neoliberalismo. Dinámica que, en el orden regional en el sur del país, generó frecuentes movilizaciones que le dieron solidez a núcleos organizativos que en gran parte eran reducto de la fragmentación de la izquierda colombiana y de sus encuentros con movimientos cívicos que se produjeron a lo largo y ancho del país desde la década del setenta. Muy bien lo plantea en esta dirección Eric Toussaint: “Los movimientos sociales en esta etapa de defensiva están llenando el vacío dejado por la izquierda. Eran movimientos que se preocupaban, hasta hace poco, sobre todo, por la defensa de los intereses de sus respectivos sectores y que ahora se proyectan a un nivel más global y de conjunto, intentando encontrar respuestas en común”. (Toussaint, 2001: 3) Sin que con ello queramos afirmar que se desvinculan de las organizaciones de izquierda existentes. También podemos concluir que en casos como el Bloque Social Alternativo hay el intento de dar contenido a una nueva formación de izquierda.

Fenómeno particular fue el producido por las organizaciones indígenas y campesinas, cuyo protagonismo merece capítulo aparte; no sin registrar el liderazgo que asumió en no pocos países. Los fenómenos más fuertes son los de México, con el EZLN; Ecuador; con la CONAIE; Guatemala, con el proceso de paz triunfante; Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra; Bolivia, con las grandes movilizaciones indígenas, y Colombia con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la Nueva constitución y el proceso político del Cauca.

Entre organización social y movimiento social 

El debate sobre la diferencia entre organización social y movimiento social pareciera circunscribirse al ámbito de lo académico. Sin embargo, es inevitable encontrarlo entrelazado con lo político y lo social. Las características de una u otro marcan su especificidad y los alcances y estrategias de su acción. Así mismo, posibilitan establecer los aspectos de su diferenciación y de su encuentro, importantes a la hora de dinamizar las luchas sociales y políticas. No se trata de atribuir a lo conceptual el orden de determinación de los procesos prácticos; sino más bien de rastrear los signos que posibiliten su interpretación para articularlos con el estímulo a sus procesos o a su propia redefinición. 

Se podría afirmar que hablar de organización social como tal está históricamente asociado al surgimiento del capitalismo. Así sea posible encontrar que toda acción humana de grupo conlleva mínimos elementos de organización. Para nuestro interés, habría que decir que lo más próximo ha sido todo lo relacionado con organizaciones sindicales y campesinas, y las que se fueron desprendiendo de allí como las indígenas, estudiantiles, de mujeres, etc. Si nos detuviéramos en la sindical tendríamos que decir que tiene un carácter más permanente y que se asocia con sujetos de un mismo sector; ya sea de una empresa o de una rama de la producción en el país. Esto implica que se privilegien intereses reivindicativos en su propia naturaleza, en su constitución. Sus principios podrían estar circunscritos a un campo muy específico de la sociedad sin que irrumpa en espacios sociales que reivindiquen intereses colectivos. Aún así es heterogéneo en su composición, puesto que puede haber asociados de diferentes partidos políticos y creencias religiosas. En general, su estructura es jerárquica y obedece a aspectos normativos que difícilmente permiten flexibilizarla. Pueden acudir a la movilización; pero ello está sujeto a las orientaciones ideológicas y políticas dominantes. Es decir, a la correlación de fuerzas que se logre establecer. En no pocos casos está circunscrito también a lo normativo. Por lo regular, la organización social  está más ubicada en un campo o sector específico de la sociedad y, por tanto, cuenta con la estructura normativa u orgánica que para ello se asigna. Cuando pasa a un espacio en que no sólo ubica las reivindicaciones u objetivos del sector puede convertirse en movimiento social en cuanto introduce dinámicas u objetivos que van más allá de aquellas para las cuales fue constituida. Eso podríamos concluir de la acción realizada por centrales o federaciones sindicales cuando se plantean luchas como las del referendo que convocan incluso al conjunto de la sociedad.

Por eso encontramos definiciones de los movimientos sociales como las de Touraine: “Cuando las acciones conflictivas buscan transformar las relaciones sociales de dominación social que se ejercen sobre los principales recursos naturales, la producción, el conocimiento, las reglas éticas, emplearemos la expresión “movimiento social”. (Touraine, 1986: 104) Porque, según él: "existen, en efecto, orientaciones centrales, modelos culturales generales, tanto en el orden de la inversión económica, como en el del conocimiento y en el de las reglas éticas", (Touraine, 1986: 110) en las cuales el movimiento social hace su intervención para poder ser reconocido como tal. Su elaboración tiene un componente crítico a la acción de los partidos que encuentra en crisis, en cuanto su razón de ser; a la de las organizaciones sociales, en especial las sindicales, por el peso de la burocracia en ellas y por estar expuestas a las reglas de juego que traza el Estado. Pesa mucho, igualmente, la dinámica que han adquirido los movimientos sociales en las luchas sociales.

En cambio, Mauricio Archila propone que "Movimientos sociales son todas aquellas expresiones de resistencia colectiva, más o menos permanentes, a las distintas formas de dominación y que implican transformaciones sociales" (Archila, 1995: 62) Coincide con Touraine, al sostener que "no necesariamente se plantean la destrucción del Estado”, sino que privilegian una “dinámica de construcción de consenso y no por la imposición”, tiene “potencialidades transformadoras" y "pueden expresar intereses multiclasistas de segmento de distintas clases e incluso de sectores de clase". (Archila, 1995: 64) Enfatiza que luchan contra formas de dominación, más no tienen como su objetivo la lucha por el poder; aunque no excluye totalmente esa posibilidad, como tampoco el sociólogo francés.

En síntesis, el movimiento social, en nuestro caso, se conforma de liberales y conservadores, comunistas y alternativos, católicos y protestantes, negros y blancos. En su proceso establece elementos de unidad que confronta su propio origen social, ideológico, religioso o cultural. Pues va tejiendo elementos programáticos y estratégicos que los coloca en espacios de disputa del poder, y de redefinición de formas de pensamiento y les posibilita la superación del carácter estrictamente reivindicativo para avanzar hacia la lucha por proyectos de vida y de desarrollo que contrastan con el modelo dominante. Otra característica es que a pesar de estar circunscritos territorialmente a lo regional, los objetivos de sus luchas lo trascienden para confrontar políticas que se producen en el marco nacional o tienen un marco de acción que va más allá del que tiene el movimiento social. Por eso, por ejemplo, movimientos sociales como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) articulan en planes integrales de vida la educación, la salud, la producción, el medio ambiente, etc. sin restringir su campo de acción a lo sectorial, o reinscribiendo éste dentro de una estrategia más general. Sus elementos programáticos, sus planes de vida se corresponden con aspectos de sus propios territorios, pero los desbordan frente a políticas que se relacionan con lo nacional, por ejemplo en relación con la formación de las Entidades Indígenas Territoriales (ETIs) y sus respectivos Consejos Territoriales.

El movimiento social del macizo colombiano: el CIMA[3]

La organización social del macizo colombiano puede ser definida como movimiento social. Porque pasa de reivindicaciones inmediatas a políticas y propuestas colectivas para la región o a la construcción de un modelo de desarrollo que confronta el que se impone como dominante. Su base social tiene como componente central al campesinado; sin embargo, se vinculan a él indígenas como los Yanaconas o los Ingas de la Bota Caucana al sur, y comunidades negras como en el caso de las comunidades del Patía y de algunas veredas de los municipios de la región. Si bien los pobladores de las áreas urbanas de los pequeños municipios del sur del Cauca están muy vinculados directamente con el sector campesino es necesario reconocer que de todas maneras son un sector particular de la población puesto que incorporan en sus vidas elementos de la tradición campesina y, al mismo tiempo, de la vida urbana. Actúan en estas acciones empleados del sector estatal, del sector bancario y de algunas instituciones privadas que tienen su asiento en los municipios; lo mismo que el magisterio que tiene una gran participación en la vida económica, social y cultural de cada uno de ellos.

 En relación con los aspectos propiamente territoriales tenemos que partir de la consideración de que la sola pertenencia a un espacio geográfico determinado no le da consistencia a una región. Tampoco la identificación de necesidades que son generales a una población determinada. Ni siquiera la repetición de ciertas tradiciones en pueblos que viven de manera aislada. Es por eso que cuando registrábamos el Macizo en la historia nacional era predominante su percepción por la vía geográfica, a través de la hoya hidrográfica que le da vida a ríos que no sólo irrigan amplios espacios del suelo colombiano sino que también le dan sentido a símbolos de identidad de lo poco que teje nuestra nacionalidad.

Sin embargo, por sí, no era una identidad a través de la red de los seres sociales que la habitan. A su vez, la lluvia de necesidades de los pobladores de esta región no es de ahora; al contrario, es fácil demostrar que desde hace muchos años la pobreza y miseria se enseñorearon en los pueblos de esta zona sin que se posibilitara la unidad hacia la integración regional para solucionarlos. De igual manera, la variedad de las expresiones culturales es prolífica, pero estuvo atomizada en sus diferentes localidades y no  articuló una integración hacia el fortalecimiento de lazos colectivos.

Por eso hay que tener en cuenta los procesos políticos, sociales y culturales a que hicimos referencia y en particular los aspectos políticos, simbólicos y culturales y las luchas campesinas y cívicas de la región. Respecto del movimiento campesino registramos que tuvo sus expresiones desde la tercera década del siglo XX en el país. En el Cauca fue accionado por el Partido Comunista entre 1930 y 1950. A partir de la década siguiente tuvo el impacto de los diferentes grupos guerrilleros y organizaciones de izquierda que se fueron formando. En particular, en 1970 con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), línea Sincelejo, disidencia de la oficial creada por el presidente Carlos Lleras Restrepo. En la región que estudiamos tuvo especial impacto por ser predominantemente agrícola. Luego redefinida por la creación de movimientos comunales con arraigo campesino y del movimiento del macizo colombiano. No se puede olvidar que al movimiento reivindicativo se articuló la lucha política que desplegaron organizaciones guerrilleras en el agro y movimientos políticos de izquierda. De aquí se da un paso a la acción cívica con las protestas en diferentes municipios, en las décadas del 70 y del 80, a través de los paros cívicos, sin los cuales habría un vacío para explicar el avance de este proceso.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fue una escuela de algunos de los futuros dirigentes del CIMA. Unos en su parte inicial, otros en la década del 80, como lo expresa un dirigente campesino del municipio de la Sierra: “nos metimos a la ANUC, hicimos un trabajo grande en la ANUC y nos dio resultado”.  Sin embargo, parece que la presencia de esta organización era de poca cobertura y primaron más bien los procesos pequeños de integración. “Lo que fue cogiendo fuerza fue el proceso de intercambio, de encontrarse, de contarse los problemas y las situaciones. Tanto que al principio se dio así  simplemente, nos juntamos juntas comunales, a veces llegaban personas del sector de la salud, de la educación y nos empezamos a contar los problemas y las propuestas frente a esos problemas con una clara fuerza que fue naciendo y era que indudablemente si la lucha, si la presentación de las propuestas se hacía así por separado, era algo más débil, pero si nos íbamos juntando poco a poco la presentación iba a ser más fuerte, además que íbamos ganando un concepto de región en la práctica”. (Collazos, 2003: 2-3) Proceso que se fue reafirmando en la medida en que se creaban redes sociales y afectos y que se efectuaba un conocimiento y reconocimiento del espacio pues se iban rotando lo sitios de realización de sus reuniones y se descubría y redescubría toda la compleja variedad geográfica, cultural y ambiental de la región.

A la par, la fragilidad de los partidos, y su implicación en el deterioro del Estado, abrió caminos. Las organizaciones políticas tradicionales, en la mayoría de los casos, no eran los partidos modernos de mediación entre la sociedad civil y el Estado. No generaban propuestas de modernidad en el desarrollo del Estado ni una cultura política en consonancia. Además se vieron confrontados por una izquierda que los vio siempre articulados a las clases dominantes y al imperialismo norteamericano. Argumento suficiente para que, dependiendo de su capacidad de convocatoria, fuera capaz de mostrar al pueblo su caducidad histórica y política. Además, el ejercicio de la politiquería y el clientelismo, y con ello el robo o el despilfarro del erario público fue confrontado tanto por la izquierda como por la dinámica cívica y comunitaria que se fue produciendo. Razón que coadyuvó a su desprestigio y a la creación de un relativo vacío político que fue copado por la acción de los movimientos sociales; en este caso el que se estaba formando en el Macizo. De igual manera, la ausencia del Estado en Educación, salud, infraestructura, en inversión social hizo más evidente su vacío y acentuó la condición marginal de las comunidades de esta región. Lo que se ponía en juego era la necesidad de construir referentes colectivos que no habían sido producidos por el Estado, ni por los partidos, ni por las pocas instituciones presentes en la región ni tampoco por ellos mismos por la dispersión y atomización en que se encontraban.

De tal manera que la identificación de necesidades propias y el proceso de autoreconocimiento se acompaña con la debilidad de los partidos, del Estado y de las instituciones que abren el campo a nuevas posibilidades de encuentros y favorecen una acción más profunda desde la vida misma de las comunidades y del arraigo cultural de la gente. Justamente, se podría afirmar que es aquí donde está el secreto del entramado que le da solidez al tejido social. “Casi nunca los encuentros fueron secos, sino que fueron acompañados por un grupo musical, la chirimía, acompañando la expresión cultural propia de la región”. (Collazos, 2003: 3-4) Acompasado con sus cosmogonías, las representaciones que se hacían de su entorno geográfico y ambiental, los símbolos, el lenguaje, su diversidad étnica, etc., que fueron los que permitieron construir la identidad dentro de la pluralidad que fue emergiendo.

La vida cultural adquiere, así, una fuerza inusitada que le dio un nuevo contenido al proceso y que marcaría un derrotero en su desarrollo. En efecto, el espacio cultural se vuelve por excelencia un campo de expresión de la resistencia. Los valores culturales dominantes y las políticas culturales que el Estado implementa desconocen, ignoran o excluyen las prácticas culturales que se producen en la marginalidad, en el contexto de la cultura popular o en los espacios atravesados por la pobreza y la miseria. Además el control monopólico de los medios de comunicación, con la respectiva imposición de modelos culturales, y la dificultad de que los producidos por las comunidades puedan llegar a vastos sectores de la población, hacen que los espacios de reconocimiento se radicalicen y se masifiquen en los momentos en que se produce la lucha social. La dinámica de los encuentros culturales regionales es demasiada furtiva y espaciada lo cual hace difícil dar más cohesión y permanencia. En cambio, la socialización del acumulado cultural en la vida organizativa o en la intensidad y el fragor de la lucha, hace que brinde una mayor cohesión para la acción que requiere la protesta abierta. A la vez, muestra ante los suyos los signos de la respuesta al ejercicio de la dominación y de su ocultamiento. Podría concluirse también que al obligarse a la convivencia cotidiana, por la reacción a la amenaza de disolución por parte de las fuerzas del Estado, hace que los lazos afectivos y comunitarios se proyecten en el tiempo y preparen los sujetos para posteriores acciones que inevitablemente tendrán que afrontar por la pervivencia de las condiciones estructurales que condujeron a la lucha abierta.

Este proceso logra hacerse visible con la primera movilización efectuada en 1987. Si bien ya “entre 1980 y 1985 algunos municipios como Santa Rosa, Bolívar y corregimientos como el Rosal del Municipio de San Sebastián, deciden hacer un ‘Diagnóstico’ o, mejor dicho, un listado de las necesidades más apremiantes” (Maciceña, 2000: 5) que condujeron al paro de Bolívar en diciembre del 85, y al paro de Sucre en mayo del 86, es la marcha del 87 la que marca un derrotero irreversible hacia la constitución de un movimiento social y de fuerzas organizativas correspondientes con ello. El centro de sus reivindicaciones era la terminación de la carretera a Santa Rosa y mejoramiento del tramo construido. Aunque iba acompañado de la búsqueda de solución de otras necesidades. Desde allí se empieza a identificar la carretera panamericana como un símbolo de lucha eficaz, pues las reglas de juego impuestas por el régimen no posibilitaban negociaciones en los escritorios ni en las oficinas de los gobernantes, sino en los espacios en que se ponían en tensión las fuerzas. La movilización sólo llega hasta Guachicono, por lo cual se le dio ese nombre, porque los negociadores prefirieron contener su avance hasta la carretera central. El grueso de los marchantes era de Santa Rosa y San Sebastián. Su resultado fue un triunfo por el logro de algunos de sus objetivos y porque creó la convicción de que el gobierno sólo atiende al pueblo cuando lo hace a través de los políticos, ejerciendo politiquería y robando al Estado, o por medio de la presión de la movilización.

El proceso que se fue dando a partir de esta dinámica produjo una cualificación de las redes que se fueron tejiendo. Los núcleos organizativos de las comunidades creados en los municipios y corregimientos que se vincularon a la lucha ya eran insuficientes. El proceso impuso la necesidad de atender la complejidad de lo que se estaba produciendo con la formación de un núcleo organizativo que abarcara la región. Fue así como el 31 de marzo de 1991 se le dio vida al Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), en el corregimiento de Sucre, municipio de Bolívar. Se creó para “sacar adelante cuatro puntos básicos: 1) El impulso de la integración local y regional, 2) Realizar el primer encuentro cultural del macizo, 3) Sacar el periódico regional y 4) Organizar el primer paro cívico regional de los municipios del Macizo colombiano”.  (Maciceña, 2000: 6) Este último punto ya estaba en proceso y, a partir de este mandato, se agiliza la acción para su realización con la consigna de “ser poder y gobierno en la región”.

Efectivamente se realizó entre agosto 20 y 26 de 1991 como el Primer Paro Cívico Regional del Macizo Colombiano. Incorporó a la lucha a nueve municipios y estableció un espectro de necesidades mucho más amplio. 30.000 campesinos llegaron a la panamericana, en el sitio de Rosas, después de seis meses de preparación y lograron sentar en la mesa de negociación a representantes del gobierno de diferentes áreas. Lo cual indica que la acción logró su cometido. Ya con elementos más profundos en cuanto era de una cobertura regional y con una mínima priorización de las soluciones que se intentaban obtener. La misma envergadura de la movilización daba cuenta de un proceso interno bastante avanzado. En el momento, los diferentes aspectos de la negociación fueron tomados como logros y le dio mayor fortaleza al movimiento.

El avance que hubo de la primera movilización en Guachicono a la de 1991 es bastante notorio. Mostró una capacidad de organización y de movilización que ya señalaba el futuro de sus acciones. Fue una acción de hecho que no puede reducirse a ella en cuanto tal sino a que fue producto de un previó proceso organizativo de sectores civiles del campesinado, docentes y activistas políticos de los municipios directamente integrados en la zona geográfica del Macizo colombiano. Su presión produjo la inevitable aceptación de su interlocución por parte del Estado que permitió llegar a una satisfactoria negociación. Sin embargo, en este aspecto quedó la importante enseñanza de que el desconocimiento del manejo y desenvolvimiento interno de las instituciones del Estado, llevó a que la mayoría de lo acordado ya estaba asignado por el gobierno de turno en su plan presupuestal.

Sin embargo, los resultados más sobresalientes estuvieron en el campo de la pedagogía y la cultura política que se empezaba a construir. Una movilización de más de 20 mil campesinos era una expresión de fuerza y de reto al gobierno nacional. Hecho significativo que sin embargo no aportó tanto como los valores culturales que se pusieron en juego. La convivencia posibilitaba el ejercicio de la guardia cívica para prevenir cualquier atropello por parte del Estado o desmanes de los mismos movilizados. Las mingas para hacer las comidas hicieron que el tejido social se redefiniera en prácticas de solidaridad cotidiana. Los grupos artísticos espontáneamente se fueron dando a conocer, mostrándose así mismos que su aislamiento no era signo de mediocridad o de irrelevancia y a los demás que su práctica podría crear un afluente de expresión colectiva. Así mismo, confrontó a los políticos por su incapacidad para ser mediadores entre el pueblo y el Estado. Las instituciones fueron develadas en su ineficacia en el ejercicio de sus funciones y su clara articulación con el clientelismo imperante. A la vez se hizo evidente que el pueblo reclamaba su derecho al ejercicio del poder, no circunscrito simplemente a la acción contestataria sino también a la posibilidad de ejercerlo en la vida institucional del poder local.

A partir de ese  triunfo, el CIMA fue referencia obligada para cualquier plan institucional, político y social que se fuera a implementar en esa zona. De allí surgió el “Movimiento de Integración del Macizo Colombiano (MIMACIZO), como instrumento político de la región”. (Maciceña, 2000: 7) A la vez, esa organización se articuló con otros movimientos sociales del departamento y con los actores sociales y políticos que tienen presencia en la región y municipios cercanos. Se fueron consolidando elementos de identidad que no sólo se circunscribían al campo de las demandas económicas y sociales hechas al Estado sino también a las cualidades propias de la región en la que habitan. Así, el espacio ecológico fue redescubierto como un símbolo de identidad y de posibilidades de dinámicas de desarrollo sin someterse a la destrucción de nichos ecológicos como lo impone el capitalismo. Las leyendas y la tradición oral sobre sus picachos y montañas, ríos y hondonadas, nubes y vientos le dieron sentido colectivo a sus vidas y a sus formas de organización. Las guitarras y los tiples que se desgarraban en las noches de solaz o de sufrimiento ya no se detuvieron únicamente en el patio solariego y empezaron a recorrer los diferentes pueblos o a someterse a los jurados dentro de los festivales o concursos artísticos o musicales que se efectuaron. La danza y el teatro, la copla o la poesía fueron apropiados en dinámicas que le dan sentido a la identidad colectiva de la región y a un rescate de lo que se define como lo popular.

 El paro del sur de Colombia de 1999

Una tercera presión al Estado en 1996 no se hizo con una contundente movilización sino más bien a través de una gran capacidad de negociación que incluyó a los departamentos de Cauca, Huila y Nariño. Las demandas contenían los siguientes propósitos: Plan de Desarrollo Ambiental y Agropecuario del Macizo Colombiano y Sur del Cauca; plan productivo sostenible e integral; plan para la convivencia; plan de ciencia y tecnología. Permitió llegar a unos acuerdos con proyectos que debían ser ejecutados a lo largo de los años 1996, 1997 y 1998. Sin embargo, incorporó un espectro más amplio al incluir a otros municipios que no participaron en la primera movilización, pero que eran cercanos al área de influencia de los primeros municipios movilizados. El cumplimiento de lo acordado sólo se redujo a menos de una quinta parte, con las consiguientes implicaciones para las luchas futuras.

Es quizá la movilización de noviembre de 1999 la que marca el derrotero para la articulación de las diferentes organizaciones como expresión de mayor fuerza en el sur de Colombia (Suhner, 2002: 167-170). Pues, a pesar de estar definido a partir de reivindicaciones muy concretas de las diferentes poblaciones en las cuales está ubicado el CIMA, logró concitar la solidaridad de los sectores urbanos principalmente de Popayán, y de otros que inevitablemente lo colocaron en un marco más amplio de sus acciones y que necesariamente debe ser tenido en cuenta dentro de cualquier análisis que se quiera realizar. Es un aspecto de bastante relevancia para explicar porqué se produjo el triunfo de un líder indígena para la gobernación de esta entidad regional.

Partimos de tener en cuenta que la movilización se presentó por el incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos pactados a lo largo de esa década. A la vez, debe considerarse como una reacción a la política neoliberal de reducción de los presupuestos públicos para la salud y la educación y su tendencia a la privatización. Interviene también el impacto que sufrió el sector agrario, que es predominante en este departamento, al abrir el gobierno nacional las puertas a grandes monopolios internacionales de la agroindustria que llevó a la quiebra a pequeños y medianos productores. Sus demandas no se quedaron solamente en el campo estricto de las necesidades campesinas. Le plantearon al país el cuestionamiento de las políticas estatales al mostrar que en el departamento imperaban la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Hicieron visible la ausencia de dinámicas de desarrollo empresariales que colocaban a la región por fuera de cualquier perspectiva de desarrollo institucional, económico o empresarial que le permitiera salir del atraso en que se encuentra su participación en el producto interno bruto del país.

Fue así como entonces hasta los mismos sectores empresariales e incluso algunos sectores políticos tradicionales tuvieron que concluir que efectivamente las reivindicaciones de los movilizados del Macizo colombiano no simplemente involucraban a los que habitaban esa región. Llamaban la atención al conjunto de la población sobre el cúmulo de necesidades básicas insatisfechas que obligaba a que fuera tenida en cuenta esa presión para que se abriera un espacio de reflexión y de exigencia a la solución de las demás reivindicaciones que podían tener los otros sectores de la población caucana. Con mayor razón si absurdamente el Cauca no figuraba en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Pastrana. Cinco meses antes el movimiento indígena también había tenido el control de la carretera por ocho días, planteando exigencias similares; lo cual hacía más contundente el impacto que ahora se producía.

En este contexto, el paro del Macizo colombiano, realizado por más de cincuenta mil campesinos, entre el 1 y el 26 de noviembre de 1999 abre un campo de análisis que debe ser tenido en cuenta para ver los procesos que posteriormente se dieron. Pues efectivamente las negociaciones con el gobierno se produjeron en una situación límite: intento de desmovilización por la vía de la fuerza militar o incremento de la acción popular al solidarizarse con el movimiento las otras organizaciones fuertes que estaban al margen. De tal manera que más que los logros económicos que en su momento fueron del orden de los U$50 millones, para escuelas, colegios, puestos de salud, carreteras, procesos culturales, proyectos agroambientales; imposibles de obtener por la vía institucional, lo que valoran los participantes es el fortalecimiento del tejido social que marca otros derroteros en la prospectiva de la lucha política regional. La atención que la opinión pública nacional prestó al conflicto puso de presente ante el país la debilidad del Estado en esta región y la ausencia de infraestructura económica y de ofertas de empleo. La proyección internacional de la movilización puso esta lucha de resistencia en el mismo plano de los movimientos sociales más importantes de América Latina. La confluencia de diferentes sectores, grupos y organizaciones sociales abrió la posibilidad de avanzar en procesos de unidad de las organizaciones y formar un movimiento social y político mucho más amplio y fuerte. 

El Bloque Social Alternativo

Las diferentes alternativas de izquierda, surgidas y redefinidas desde la década del sesenta del siglo pasado,  se han diseminado a lo largo y ancho del país sin lograr una consolidación como una opción de apoyo de masas. La fragmentación ha sido lo predominante, dando pie a la formación de movimientos sociales. Por eso, en regiones como la que se estudia las organizaciones y movimientos sociales han tenido un gran desarrollo.

El Bloque Social Alternativo (BSA) es una organización joven en su formación, pues se inició a comienzos del año 2000, y en gran parte se posibilitó por la solidaridad que se produjo en el paro del año anterior. Además por la convicción de que la única forma de obligar al gobierno a cumplir los acuerdos pactados en las negociaciones era mostrando un grupo fuerte de convergencia de las organizaciones de mayor desarrollo en la región. Varias de ellas, de indígenas y campesinos, realizaron movilizaciones desde mitad de la década del 80 sin que el gobierno les cumpliera la mayoría de los compromisos adquiridos. Un eje central de esta confluencia fue el propósito de construir una propuesta política para la región, desde una perspectiva de izquierda, ante el vacío que ha dejado la atomización de varios grupos y el auge del conflicto armado.  Lo formaron el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), varios movimientos campesinos y comunales y algunos líderes que se independizaron de los partidos tradicionales.

Podemos decir, entonces, que es una organización joven en formación que inician procesos de acercamiento de amplia proyección para reivindicar formas unitarias de acciones tanto de sus reivindicaciones como de la acción política. Las organizaciones gremiales y sociales del departamento habían estado más circunscritas a sus luchas particulares, como las indígenas, campesinas y sindicales. Pero no encontramos una convocatoria al conjunto de las organizaciones del departamento o al conjunto de la región. Tampoco la presentación de demandas que pudieran ser identificadas por todos los pobladores del departamento como suyas, por lo menos de aquellos que están más desvalidos o que se encuentran en situaciones críticas desde el punto de vista de la pobreza, de la ausencia de trabajo, de la desigualdad social, del marginamiento político y social. Sí fueron relevantes las diferentes movilizaciones que realizaron a lo largo de las décadas del ochenta y del noventa del siglo pasado.

Podemos adelantar que muchos de los dirigentes provienen de la izquierda marxista y que gran parte de su discurso se desprende de allí. Lo cual plantea una situación ambivalente puesto que implícitamente, en el sustrato de los contenidos discursivos, hay mucho de las estrategias contestatarias frente al estado capitalista y a la construcción de una sociedad socialista. Lógicamente el vaivén de los acontecimientos obliga a la lucha por la defensa de derechos, de espacios mínimos para el ejercicio de la acción política y de muchas reivindicaciones que posibiliten solución inmediata a necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, esto produce un costo cuando se trata de la conquista de espacios de poder institucional, mucho más cuando países como Colombia están violentamente sometidos a lo más agresivo del neoliberalismo y la corrupción y la politiquería y el clientelismo dejaron vacías las arcas del Estado y en la más grave crisis fiscal. De allí que la institucionalidad del Estado se perciba con sospecha por estar inscrita dentro de la racionalidad capitalista que ejerce su hegemonía y el ejercicio de gobierno es extremadamente limitado para incidir en la construcción de una nueva cultura política y un nuevo proyecto político y social.

El proceso inicial estuvo orientado a identificar los aspectos unitarios que posibilitaban, desde la base y la vida misma de las organizaciones, presentar un programa al departamento y a la región para constituirse en un movimiento político que partiera de la fuerza de las organizaciones y los movimientos sociales. Por eso se partió de los planes de vida y de desarrollo de las comunidades, las organizaciones y los municipios. En lo fundamental se confrontó el modelo neoliberal y como alternativa se planteó la elaboración de un plan alterno que tuviera como eje un modelo de desarrollo sustentable y sostenible a partir de los planes integrales de las comunidades. De tal manera que ese era el objetivo central cuando se produjo la mayor expectativa respecto del debate electoral para la gobernación del Cauca, al aparecer, sólo un candidato. Circunstancia que condujo a plantear la posibilidad de participación con un candidato para ampliar espacios políticos e institucionales al movimiento que se estaba gestando.  

La elección del Taita Floro Alberto Tunubalá

El Cauca es una de las regiones de Colombia que ha vivido con más fuerza el clientelismo, la politiquería y la corrupción de quienes han dirigido la administración departamental y las administraciones municipales. Los procesos de deterioro institucional, la falta de liderazgo tanto a nivel regional y nacional han conducido inevitablemente a que el pueblo tenga cansancio, hastío frente al tratamiento que se le ha dado a esta región. Si bien los partidos tradicionales en épocas electorales reciben muestras de respaldo, no puede eso indicar que los ciudadanos tengan elementos que les permitan mantenerse en la propuesta política que están avalando con la acción electoral. Pero en el proceso político no se debe descartar que el agotamiento al cual han llegado los partidos políticos tradicionales, aunado a la debilidad del Estado y al impacto de las políticas neoliberales, conducen a la población a que sea permeable a organizaciones nuevas y a alternativas políticas que estén producidas por liderazgos de personas con honestidad, con integración a las comunidades, con un espíritu solidario de fortalecimiento de la vida comunitaria, cultural y organizativa.

Fueron estas circunstancias, y las de pobreza y falta de ofertas de trabajo las que posibilitaron que un líder indígena, propuesto por las organizaciones sociales referenciadas en este trabajo y aglutinadas en el Bloque Social Alternativo, triunfara el 29 de octubre del año 2000 para gobernar el departamento del Cauca. A ello se debe adicionar que hubo un solo contrincante, respaldado por todos los grupos políticos tradicionales y los sectores aristocráticos de las élites de la región.

De tal manera que no se puede atribuir a una total capacidad de liderazgo de las organizaciones y movimientos sociales en el proceso que se produjo en la coyuntura electoral que permitiera obtener de los electores el respaldo a una candidatura como la que se presentó en ese momento. En efecto, el proceso electoral fue dinamizado por una acción simbólica que se produjo inesperadamente en la contienda política. La figura indígena logró ser la expresión de todos estos procesos que hemos identificado y aglutinó a diferentes sectores de múltiples organizaciones. Al mismo tiempo, pudo extenderse al conjunto de la población como un espacio en el cual ellos se sentían representados en una convergencia que no encontraban excluyente; aunque fuera dinamizada por aquellos sectores que por su solidez organizativa, tradición de lucha y capacidad de movilización habían logrado liderazgos en la lucha política por las reivindicaciones populares en el departamento, desde una opción de izquierda.

Fue así como sectores medios de la población e incluso empresariales y de la oligarquía y la aristocracia payanesas y caucanas encontraron, ya fuera por contradicción con los sectores políticos dominantes o porque pretendían ejercer un dominio a más largo plazo en el departamento, que podían respaldar este ejercicio político expresado en la acción del líder indígena que había asumido el liderazgo en la contienda electoral. No menor fuerza debe dársele al papel que cumplieron los medios de comunicación puesto que el Cauca se constituía en un espacio atípico en la visión política del país. Es decir, mientras en los demás departamentos se producía la forma tradicional del ejercicio político, con algunas excepciones, en el departamento del Cauca se lograba que un líder netamente popular fuera el que se colocara en el liderazgo de una campaña política y además que fueran unas organizaciones sociales, las que dieran su respaldo para que este ejercicio saliera triunfante.

Quiere decir esto entonces que si bien el acercamiento entre las organizaciones indígenas y campesinas marcan un derrotero respecto del proceso político que posibilitó el triunfo, de todas maneras hay que tener en cuenta los otros aspectos que se produjeron para tratar de determinar los elementos que se deben tener en cuenta en el análisis de la gestión gubernamental.  

Obstáculos para la gestión de un gobierno alternativo

Cuando nos referimos a las trabas existentes para que un ejercicio de gobierno de izquierda o alternativo se pueda realizar encontramos que inevitablemente se dan más allá de las voluntades de los actores; por lo cual no se puede caer en una postura maniquea respecto de si es mala o buena la gobernabilidad que ejercen. Tampoco en la consideración de que la identificación de las barreras anula los avances que se logran creativamente en las luchas políticas de los movimientos sociales.

Podemos partir de algo estructural como es el modelo de desarrollo dominante, en este caso el neoliberalismo, pues cierra los espacios a proyectos autónomos o alternativos. El que predominó hasta la década del ochenta del siglo anterior privilegió un paternalismo de Estado que le dio un cariz muy definido a la cultura política dominante, con sus secuelas en el ejercicio político, no favorable a transformaciones radicales. Ahora el desmantelamiento del Estado no hace más que asfixiar las pocas credibilidades que los sectores alternativos tratan de construir sobre la institucionalidad democrática y sobre la Democracia en cuanto tal. La acumulación de necesidades básicas insatisfechas, mucho más crítica en departamentos como el Cauca, la concentración del poder económico, la disminución de ofertas laborales y la tendencia a anular el apoyo económico del Estado a las comunidades desposeídas, hace que el impacto de este modelo sea mucho mayor. Aún más si se tiene en cuenta que su imposición en Colombia, de manera total, desde 1990, se hizo en circunstancias que registran un escaso desarrollo productivo. Lo cual hizo que la presencia de grandes sectores empresariales internacionales llevara a la quiebra a una cantidad significativa de pequeños, medianos y grandes empresarios. Los sectores de salud y educación son los más afectados y son los que registran mayor tradición histórica de lucha sindical, lo cual conduce inevitablemente a la confrontación porque al gobernante regional no le queda otra alternativa que implementar dichas políticas para garantizar un mínimo de inversión social. No podríamos dejar de agregar que el impulso a un modelo de desarrollo sostenible que sea construido desde las comunidades y con su participación, como lo postula este gobierno alternativo y las organizaciones sociales que lo respaldan, choca con las dinámicas que imponen  los mercados y los grupos económicos dominantes del país y los grandes monopolios extranjeros que van copando la economía nacional.

No es de menor importancia la acción política del clientelismo y la politiquería que comprometen a quienes la ejercen como sujetos que asumen responsabilidades, pero, a la vez son presos de un proceso envolvente por medio del cual su práctica no hace más que reproducirlo. Principalmente porque están inscritos en el engranaje de una cultura política. De tal manera que la acción del político no se reduce a multiplicar el andamiaje de la burocracia para poder tener acceso al poder político. Lo que se produce allí es un sistema de servidumbre, que tiene su correspondiente puesta en escena en la sensibilidad de quien asume el hecho como un favor, como una forma de reconocimiento personal. Es decir, como la satisfacción de un interés individual.

De tal manera que no se produce lo que De Souza afirmaba cuando encontraba que con la modernidad "El Estado se hizo verdaderamente público, es decir, dejó de constituirse en la propiedad privada de un grupo específico''. (De Souza Santos, 1998: 146) Pues lo que predomina es el engranaje de defensa de intereses particulares dentro de la burocracia. Eso conduce a demorar trámites, filtrar información, traspapelar documentos, confundir procesos. Se personaliza la defensa del empleo en función del político que la posibilitó y no en los derechos que tiene para poseerlo ni en la función que tiene en el orden de lo público. Hay ausencia de un ejercicio burocrático que consolide el carácter público del Estado y garantice la realización de los fines colectivos para los cuales fue creado.

Por ello, tampoco sale beneficiada la tesis de Weber: "El Estado Moderno es una asociación de dominio de tipo institucional, que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio, y reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de sus directores pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios de clase autónomos, que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio, y colocándose a sí mismo, en lugar de ellos, en la cima suprema". (Weber: 431-432) No sólo en la dirección que venimos analizando sino también en el sentido de que la institucionalidad está atravesada por los parámetros que impone la guerra y más específicamente en regiones como estas. El narcotráfico también imprime su impronta al darle contenidos al ejercicio político que dificultan el cumplimiento de los objetivos para los cuales se disputó el ejercicio de la gobernabilidad.

Así, los fines del Estado, tan profusamente pregonados por los filósofos y científicos sociales son demolidos por una fragmentación que muy poco ceden al cumplimiento del bien común o de los intereses colectivos. Al producirse de esa manera, se establece un conflicto de intereses que va más allá de las llamadas políticas públicas y conduce a la confrontación de los grupos de poder con el fin de ganar la correlación de fuerzas a su favor para perpetuarse en el control político y reproducir así la cultura política que le abrió espacio a su protagonismo. Acudiendo incluso a lo que James Scott aporta de manera muy pertinente que "para las elites de las clases dominantes, las prácticas del discurso oculto pueden incluir los lujos y privilegios secretos, el uso clandestino de asesinos a sueldo, el soborno, la falsificación de títulos de propiedad". (Scott, 1990: 38)

De esta manera, se propicia la fragmentación social pues la representación que el ciudadano se hace del Estado, lo símbolos a través de los cuales lo incorpora a su cotidianidad, las palabras que lo nombran se hacen a través de este imaginario que no trasciende su interés particular, sino que lo acentúa al sentirse legitimado por los sujetos sociales con los cuales establece una convivencia. Por cierto temporal, puesto que está sujeta a los controles o la capacidad de dominio que los jefes tengan del ejercicio político. Lo que hace que la variabilidad rompa la estructura del ciudadano que clásicamente se había construido, pues la representación del otro no se produce por la vía de esa abstracción que lo sitúa en lo colectivo, sino por el camino de la auto-reproducción como un ser individual que se aferra al soporte personal para garantizar su subsistencia y la de su familia o la de los que forman esa especie de grupo tribal en la que míticamente se conecta con memorias y orígenes más profundos. Hasta su propia vida comunitaria está habitada por el espectro de relaciones en que se desenvuelve esta cultura política dominante. La Junta de Acción Comunal, el Comité Veredal, la Organización Social configuran las redes colectivas que afianzan los intereses particulares del gamonal y el político de turno; aunque, a  la vez, configura el espacio para otra opción política que dispute su fuerza con otra perspectiva de su acción, que bien puede ser de izquierda o alternativa. 

Ya entonces el poder adquiere otra connotación en el ejercicio de la vida cotidiana. Puesto que mezcla la lucha por intereses colectivos con la reproducción de sus propios intereses individuales. El engranaje político se desenvuelve entonces entre aquello que lo sitúa en una relación más directa con el Estado, a través de la burocracia o de los jefes políticos y las relaciones de la vida cotidiana en la que se atraviesan los amores y desamores, afectos y desafectos. Eso hace que sean trasladados al ejercicio de la política y a la representación que el ciudadano común y corriente se hace de ella. Podría decirse que así se facilitan los desplazamientos de los respaldos que temporalmente se concentraron en quienes fueron sus representantes o sus jefes políticos y surge entonces la aceptación de las nuevas figuras como parte del mismo engranaje, pero dentro de la nueva dimensión que imponen los nuevos actores y la readaptación de las simbologías y los lenguajes. Otras son las ritualidades y las puestas en escena de la nueva dramaturgia. "Las producciones de lo imaginario cobran forma, materialidad, en instituciones y prácticas pero, al mismo tiempo, son procesadas en provecho del orden social y del poder que lo cuida. El entramado ceremonial público las inscribe en un espectáculo en el que el más estricto de los rituales puede coexistir con la más desenfrenada improvisación". (Balandier, 1994: 52) Por eso hubo una dislocación en la inercia de más de ciento setenta años de vida republicana en la región al atravesarse en ese engranaje un gobierno de izquierda que intenta remover los cimientos en que se fundamenta. Razón suficiente para que el empeño en hacerlo sea una obra titánica y casi imposible por la consolidación de los procesos burocráticos anteriores y su articulación con las dinámicas políticas de los poderes dominantes

Una mirada similar podría trabajarse en la predominante tradición contestataria de la izquierda, que aparece como una huella muy profunda que dificulta el ejercicio de una institucionalidad democrática. La actitud persistentemente contestataria ha impedido plantearse la opción del campo institucional como un espacio de poder. Cualquier resquicio que se pretenda abrir y ocupar se representa como la acción de las clases dominantes que extienden su manto hacia toda forma que se produzca en la sociedad; mucho más si se ubica en el campo del aparato de Estado. Cualquier acción está atravesada por los intereses de quienes ejercen el poder; sin opciones para realizar una gobernabilidad que sea radicalmente diferente. La misma categoría “Gobernabilidad” es cuestionada como una trampa de las clases dominantes, asimilada por la pequeñaburguesía intelectual de turno. Lo que muestra la experiencia es que para que la izquierda asuma el poder dentro de una institucionalidad determinada, obligatoriamente sus militantes deben tener un rito de iniciación en ella que se prolonga en el tiempo y se inscribe dentro de la mayor o menor solidez de los procesos culturales de los actores sociales que lo asumen. No pocas veces fracasan en el intento y son asimilados por la férrea cultura política dominante, llevándolos incluso a militar en los partidos tradicionales Las prácticas dominantes que se quieren superar dominan el paisaje político y se irrigan en la cotidianidad no solamente a través de acciones abiertas, fuertes y agresivas, sino también por los medios más sutiles que reproducen los imaginarios en los cuales se desenvuelven.

Los sujetos que abren espacios a la izquierda o a proyectos alternativos impregnan en su piel y en sus rostros, tenue o firmemente, la pigmentación de la cultura política dominante y pueden ser presos de ella en su accionar. O tienen la coraza contestaría que les impide constituir el nuevo tejido que le de contenido diferente al ejercicio de poder que se ha conquistado. Es decir, no hay la sensibilidad que prepare a ese nuevo sujeto social para las transformaciones que requiere la institucionalidad. Tampoco la estructura burocrática del Estado y la cultura política dominantes dan facilidades para hacerlo. Y no digamos nada sobre las implicaciones que tiene el hecho de que la permanente confrontación al Estado ha dejado a los movimientos de izquierda o alternativos sin liderazgos profesionales o intelectuales que les permita asumir técnicamente las funciones que exige la gobernabilidad. La misma acción política, en este sentido, se efectúa de manera desdibujada, ya que se produce una distorsión entre la permanente confrontación al Estado y la lucha por acceder a él, entre los conflictos que esto produce en su interior y su transferencia al ejercicio de gobierno cuando llega a él.

Aún quienes, desde una postura alternativa buscan que la acción institucional sea consecuente con los intereses populares y de izquierda o alternativos, son mirados con sospecha hasta por quienes están cerca o respaldan el ejercicio del poder desde las organizaciones que los defienden. La misma evaluación que se hace del ejercicio de gobierno desde estos estrados está permeada del imaginario que produjo en la sociedad la cultura política dominante o los esquemas o metodologías que le son propios a la politiquería y al clientelismo. De tal manera que no sea extraño que, sin aceptarlo ni voluntariamente asumirlo, no pocas veces los sectores de izquierda o alternativos reproduzcan rasgos de la cultura política dominante.

Bobbio afirma en el libro "Derecha e Izquierda" que en la Europa de hoy ser de izquierda es defender los Derechos Humanos. Sin embargo, en Colombia la persistente representación de la exigencia de la participación ciudadana en el ejercicio de la Democracia, así sea autorizada por la Constitución Nacional, o la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, asociada a la subversión, disminuye u obstaculiza el campo de acción del ejercicio institucional por parte de sectores alternativos o de izquierda. La dinámica del conflicto produce los elementos explicativos que condujeron a esta situación. Con todo ello, es un tropiezo evidente que descalifica cualquier intento de ampliar las redes de un ejercicio político que desestructure y desarraigue la cultura política que se quiere superar. Qué no decir hoy cuando el control social se enmascara con la figura de la “seguridad democrática", y cuando desde una política estatal se asocia explícitamente a defensores de Derechos Humanos y a ONG que los defienden como servidores, de las organizaciones al margen de la ley.

Otro aspecto es el que se refiere a la disgregación de las opciones de izquierda o alternativas. Su atomización recoge la memoria histórica que ayuda a su propia reproducción. Pues algunos grupos creen tener la verdad revelada, y a través de ella se cruzan en el camino invalidando cualquier acción, así se corresponda con sus contenidos ideológicos. Algunos líderes asumen que están investidos de un carisma que los asimila a caudillos asignados por la historia o por el pueblo para dirigir sus destinos. Su representación de gobiernos democráticos como el del Taita Floro Tunubalá, inscritos dentro posturas radicales de la izquierda democrática, se sitúa dentro de los parámetros ortodoxos y excluyentes que tanto han impedido la construcción de organizaciones con mayor respaldo social. Son palpables las dificultades para converger en propuestas colectivas que posibiliten la construcción de un proceso institucional diferente del predominante dentro de la cultura política. De igual manera, presenta una de las dificultades para poder construir un proyecto político que convoque mucho más a la nación y no a pequeños grupos que se reproducen así mismos. Con mayor razón, si la experiencia se produce en el campo regional.

El manto normativo que rige la gobernabilidad no pocas veces está atravesado por fundamentos perversos que obstruyen el libre ejercicio del gobernante que se propone redefinirla. Es cierto que hace parte de la estructura propia del Estado, pero en países como el nuestro es una exaltación por excelencia del ejercicio jurídico. Aunque ya Kafka hubiera inmortalizado el andamiaje que en este sentido atraviesa cualquier instancia burocrática. Para un gobierno alternativo se hace mucho más complejo, puesto que no sólo debe incorporar la sensibilidad necesaria a la que nos referíamos anteriormente, sino que se hace indispensable asumir este campo como uno de los componentes esenciales. En tanto los ejes de dominación del Estado, es decir, el manejo del poder, estén en otra parte, en organismos que son superiores dentro de su estructura, los actores sociales que lo controlan buscan cualquier falla de su oponente para debilitarlo. Puesto que es allí uno de los lugares en que se pone en juego la relación de los sujetos en tanto expresan relaciones de poder de las cuales no pueden sustraerse y a las cuales se deben como actores políticos. Es el momento en que entran a operar valores que tanto habían sido ignorados o desdeñados dentro de la cultura política dominante, como la responsabilidad, la eficacia, etc. Símbolos que le dan contenido al Estado Social de Derecho son ahora recreados dentro de la opinión pública como si fueran parte de la tradición política de sus prácticas clientelistas. Por supuesto, a mediano plazo, puede ser uno de los factores que contribuyan al cambio de la cultura política. El uso de las palabras se transforma para arrebatarle al discurso alternativo sus contenidos y para trastocar sus elementos simbólicos hasta convertirlos en instrumentos semánticos del mercado de la comunicación para favorecer y perpetuar sus intereses.  

Otra cosa es el juego político en relación con las otras instancias del Estado que operan o se articulan con el nivel regional. A pesar de que la Constitución Nacional contiene importantes mandatos para que opere la descentralización, al mismo tiempo los tiene para que el poder ejecutivo, en este caso todo lo que proviene de la presidencia de la República, tenga discrecionalidad para permitirlos. Esto hace entonces que los congresistas, mucho más relacionados directamente con el poder central, posibiliten o impidan el apoyo a programas y proyectos que se ejecuten en el orden regional. Lo mismo ocurre con las instituciones nacionales que operan en la región. Generalmente cada una de ellas es el espacio de poder de los políticos tradicionales de turno. De tal manera que tienen la capacidad de aislarlas del ejercicio de gobierno departamental, así la Carta Constitucional establezca que el gobernador debe orientar su articulación. En esas condiciones la gobernabilidad regional queda, en la mayoría de las veces, circunscrita a una isla y, por tanto, impedida para ejecutar políticas integrales como son las que propone un gobierno alternativo. 

La construcción de futuro

No es fácil hacer un balance del aporte que puede significar una gestión gubernamental en un estado regional, en un departamento, para el caso colombiano, sin que se haya terminado su período que va hasta el 31 de diciembre de 2003. Sin embargo, salta a la vista, por todo lo aquí expuesto, que son diferentes los aspectos positivos que emergen como signos valorativos para el desarrollo de los movimientos sociales alternativos.

La permanente recreación en el plano local, regional, nacional e internacional del Plan Alterno puso en el ámbito de la discusión pública la crítica permanente al neoliberalismo; así en las ejecuciones se hubiera tenido que realizar acciones para que su aplicación, sobre todo en salud y educación, fuera lo menos lesivo a las comunidades. Lo más importante es el incentivo a la construcción de un modelo de desarrollo que sea alternativo al capitalismo y a su modalidad actual: el neoliberalismo. La estrategia es partir de lo que los indígenas denominan planes de vida, que son concebidos y desarrollados de manera integral, haciendo énfasis en lo que denominan pensamiento propio. Orientación que es asumida, con sus respectivas especificidades por comunidades negras, campesinos; de maestros, jóvenes, mujeres, en sus planes de desarrollo y realimentado con los aportes que desde allí se producen.

Los procesos productivos no son mirados ni asumidos al margen de sus prácticas culturales, al contrario, es desde allí que adquieren sentido y definen la pertenencia, el auto-reconocimiento, la identidad. Sus saberes adquieren legitimidad no por contrastación con los que vienen de fuera sino por el valor que tienen en su historia cultural. A partir de allí, se establece el reconocimiento de lo que proviene del exterior y se articula con las dinámicas que producen las comunidades. Por eso, desde el gobierno regional se estimularon procesos de comercialización con quienes en el mundo impulsan el mercado justo y con quienes, desde su desarrollo organizativo en países industrializados, establecen mecanismos de solidaridad con organizaciones que se abren paso en el mundo. Es un proceso incipiente, pero es un camino que seguramente puede alimentar la creatividad hacia proyectos sostenibles.

Desde el mismo Plan Alterno se confrontó al Plan Colombia en su política antinarcóticos y de militarización del país. Su eje central es la solución política negociada del conflicto armado, diálogos regionales con los actores armados y acuerdos humanitarios. Erradicación manual y concertada con las comunidades de los cultivos de uso ilícito, a través de planes integrales, en relación con la política antinarcóticos de fumigación de dichas plantaciones. Se parte de considerar que en esta región la coca, principalmente, tiene un uso cultural por parte de las comunidades indígenas y que, por tanto, el carácter ilícito lo definen agentes externos a ellas. Además, en este departamento, la mayor parte de cultivos de coca y amapola se da en pequeños terrenos por la desatención del Estado frente a la infraestructura económica y social que dificultan el acceso a los mercados y no cuentan con atención técnica que permita a campesinos e indígenas ser competitivos en los mercados regionales. Además, el conflicto armado define reglas de juego que escapan a su control. Aunque entre los indígenas se ha consolidado la resistencia comunitaria frente a la guerra que pesa mucho frente a las actuaciones de los actores armados.

El fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales es vital dentro del plan y lo fue dentro de la gestión gubernamental. La consideración es que sólo el fortalecimiento del tejido social puede garantizar la transformación de la cultura política dominante y fortalecer el proceso de construcción de una nueva sociedad. No se desconoce que la agudización del conflicto armado y la imposición del modelo actual de seguridad democrática son amenazas permanentes para concretar esa posibilidad. Igualmente, que mantenerse como perspectiva local o regional limita las opciones da garantizar cambios estructurales que son los que a la postre permitirán realizar lo que se construye en el ámbito regional. Sin embargo, el acumulado regional es bastante fuerte como para que pueda ser destruido fácilmente, y el reconocimiento nacional e internacional son la esperanza de que pueda sobrevivir a los pasos devastadores que se producen desde los cuarteles, amparados en la política del gobernante que está a la cabeza.

Podríamos concluir reconociendo que una evaluación más profunda queda pendiente y que, a los aspectos anteriormente anotados, se podría adicionar que el gobierno del líder indígena fracturó los cimientos de la politiquería y del clientelismo, y colocó permanentemente en la opinión pública la necesidad de no decaer en la lucha contra la corrupción.  Fundamentalmente, que deja en la opinión pública un espacio proclive a que este país cambie de manera profunda, y en las organizaciones y movimientos sociales un espacio para alimentar más profundamente su vocación de poder.  

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[*] El texto central de este trabajo fue impreso, bajo el título “Un Gobierno Alternativo de los movimientos sociales en el Cauca, Colombia”, dentro del libro “Movimientos sociales, nuevos actores y participación política en Colombia”, que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM publicó con los trabajos presentados en su sede en una mesa redonda realizada el 25 de junio de 2003. En términos generales, lo alternativo es definido como expresiones organizativas que confrontan el modelo de desarrollo neoliberal y sus implicaciones en las prácticas culturales, ideológicas y sociales. Cuestionan la disminución del Estado, la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Propician la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y sustentable que, concebido de manera integral, parta de la vida misma de las comunidades, de sus pueblos y de sus organizaciones en el orden local, regional e internacional. Defienden los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario frente a la agudización del conflicto armado y su degradación.
Diego Jaramillo Salgado es Doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Profesor titular de filosofía política, Universidad del Cauca.
 

[1] Año 2000, apertura del proceso de acercamiento entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP), en la localidad mencionada, perteneciente a los Llanos Orientales colombianos. (Nota editorial)