Córdoba, Argentina, Septiembre de 2005

Al parecer, el triunfo de Alfonsín fue inesperado para casi todos. Los resultados de las elecciones del 30 de octubre de 1983 causaron sorpresa dentro y fuera de Argentina porque existía la opinión general de que el Partido Justicialista (cuya militancia duplicaba al millón y medio de afiliados radicales) y sus organizaciones afines eran los principales damnificados de la ruptura constitucional de 1976 y de la represión subsiguiente, y que cabía esperar una justa reparación en las urnas. En realidad, los estragos de la dictadura se habían abatido sobre el conjunto de la sociedad, y lo que ahora fructificó fue el trabajo del grupo de dirigentes radicales animado por Alfonsín, que durante años supo insertar, pacientemente, el concepto de cambio en la masa electoral para la reconstrucción del país.

El electorado no se volcó a la propuesta del radicalismo por sus promesas de progreso económico, sino porque Alfonsín irrumpía con la propuesta de una normalización institucional donde la libertad, la paz, la democracia y el respeto por las garantías individuales y los derechos humanos mutilados por las Juntas Militares, a las cuales en general la sociedad ya repudiaba. El nuevo gobierno expresaba justicia y modernidad, imponiendo un carisma y un orden de cosas diferente.

Ya desde su campaña, el radical fue el candidato que más claramente habló sobre las cuestiones culturales y el futuro papel que el Estado, como institución civil (y en particular él como jefe del Poder Ejecutivo), debía cumplir en el nuevo orden de cosas en torno al manejo del arte. Alfonsín consideraba primordial la necesidad de reordenar y rescatar a la cultura de la situación en que la tenían los militares con la represión y el acoso político a los intelectuales.

Sin ninguna duda, Alfonsín tenía muy claro lo que pensaba implementar en materia cultural en caso de ganar las elecciones. La ponencia que da en Madrid, en marzo de 1983, es sumamente esclarecedora. Después de puntualizar términos como cooperación internacional, pedir un foro permanente de partidos democráticos iberoamericanos y solicitar una lucha contra la pobreza, aboga claramente por el uso de la cultura como una herramienta para la creación del hombre nuevo. La identidad cultural constituye una de las claves de la liberación de los pueblos, siendo ésta una dimensión fundamental del crecimiento de un país y de su fortalecimiento. O más precisamente aun:

“La democratización de la cultura implica un programa de gobierno y obliga a una justa valoración por parte del Estado en la promoción cultural, para impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad, no importa cuál sea su origen social ni sus ingresos económicos, en la creación y el disfrute de los bienes culturales y también en la toma de decisiones.”[1]

Así, una cultura democrática es inseparable del ejercicio de las libertades individuales y requiere una permanente interacción con la educación, los avances científicos y el uso de los medios masivos de comunicación. La transformación cultural debe promover el abandono de actitudes pasivas y dependientes, restableciendo la convicción de que el hombre puede entenderse a través de la comunicación y unirse en tareas comunes.

Con más claridad, en el Plan que para el corto plazo anunció el Programa electoral de la Unión Cívica Radical, las cosas se enumeran con puntos definidos como medidas inmediatas: 1) Creación de una Comisión Bicameral Permanente de Radio y Televisión que extenderá en el derecho de una información veraz, el respeto al pluralismo ideológico, la vigencia del derecho a la réplica, el libre acceso de personas e instituciones al uso de los medios de comunicación y la defensa democrática y republicana del gobierno. 2) Reorganización transitoria del COMFER (la comisión encargada de la censura de los medios electrónicos de comunicación en la Argentina), integrándolo con representantes del Congreso, las Provincias Argentinas y los sectores representativos de la comunidad, transformándola en una Comisión Supervisora de Radio y Televisión, que funcionara en el ámbito de la Secretaría de Comunicación. 3) Derogación inmediata de la Ley Nacional de Radiodifusión 22285, su Decreto reglamentario 286/81, y el Plan Nacional de Radiodifusión, Decreto 462/81 y revisión a los actos jurídicos a que haya dado lugar (Decretos que reglamentaban la censura). 4) Eliminación de todas las restricciones y formas de censura. 5) Regulación de las transformaciones de transmisión por cable. 6) Reforma de las disposiciones que regulan la potencia de las emisiones, especialmente en las áreas de frontera, a fin de resguardar la soberanía nacional. Estos puntos alimentaron fuertemente el discurso del movimiento radical democrático, siendo a un muy temprano momento explicitados por el programa radical de gobierno.[2]

De igual manera, en el Discurso Inaugural de sesiones ordinarias del congreso, el Dr. Raúl Alfonsín mostró cuál sería su programa de trabajo en política cultural. No obstante, se debe hacer notar que los puntos medulares del discurso son otros, dada las condiciones políticas en las que recibió al país. Por un lado, proponía rechazar toda auto-amnistía, declarando nula toda ley que quisiera enmendar la acción represora realizada por el gobierno militar, pero a la vez, reconocer que existían distintas responsabilidades entre los actuantes: una responsabilidad de quien toma la decisión de actuar como lo hizo, otra responsabilidad distinta de quienes, en definitiva, cometieron excesos en la represión, y otra muy distinta de quienes no hicieron otra cosa que cumplir órdenes. Asimismo, anunció un "reordenamiento sindical" con el objeto de democratizar la institución gremial, hasta entonces copada por las poderosas centrales peronistas, y hacerla representativa del colectivo de los trabajadores. Alfonsín trasladó este doble señalamiento al terreno de una colusión contra la democracia en Argentina, llegando a denunciar la existencia de una "relación militar-sindical" que ya se encargaría de desbaratar no bien asumiera la Presidencia de la Nación.

Pero aun así, el poder democrático siempre pensó que el hilo conductor que le permitiría sacar adelante todas las reformas políticas sería un manejo revitalizado de las cuestiones culturales.

“El gobierno atribuyó una gran importancia, simbólica y real, a la política cultural y educativa, destinada en largo plazo a remover el autoritarismo que anidaba en las instituciones, las prácticas y las conciencias. Coincidiendo con los deseos de la sociedad de participación y del ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, largamente postergada, las consignas generales fueron la modernización cultural, la participación amplia y sobre todo el pluralismo y el rechazo a todo dogmatismo.”[3]

El Discurso está dividido en partes claves y perfectamente señaladas. Después de algunas palabras de inicio, en donde se pone el acento en la consolidación de la democracia, Alfonsín aborda la Planificación y Administración pública, la Educación (incluida aquí la cuestión cultural), el Trabajo y la Acción social, la Política Económica, la Política Exterior, para terminar con la Defensa, tema medular. Es un Discurso ético, centrado en los valores de la democracia, la paz, los derechos humanos, la solidaridad internacional y la independencia de los estados, poniendo el acento en la reinserción del país en la comunidad internacional. Con estos criterios se encaran los principales problemas argentinos.

Ya en el tema que nos ocupa, la política cultural, ésta se encuentra perfectamente delimitada dentro del programa educativo del Estado. El gobierno constitucional se proponía, en uno de los campos que consideraba fundamentales para su acción reparadora, desarrollar una política educativa de clara inspiración nacional y democrática, basada en el concepto esencial de que el hombre es el gran protagonista y el destinatario final de todo el proceso formativo. La libertad, la dignidad de la persona humana, el genuino pluralismo, sin discriminaciones ni opresiones, son los valores centrales de ese proceso. Así, se afirmaba, la educación se constituye a la vez en una institución pública y un servicio social, que el Estado sostiene y presta a todos, con la colaboración de las  instituciones que aportan su propio sistema educativo a través del pleno ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender.

En lo que atañe a la función del Estado, Alfonsín reafirma los principios  tradicionales de la enseñanza pública argentina, que ha de ser gratuita y obligatoria en los niveles de preparación básica, e inspirada en un claro  propósito asistencial, de acuerdo con los lineamientos trazados un siglo atrás por la ley 1.420.

“Hoy, a la luz de los nuevos tiempos, auspiciaremos la  incorporación al sistema de la educación preprimaria y la obligatoriedad  progresiva de la enseñanza media. Además, tenemos muy en cuenta el valor  esencial del docente como ejecutor de esta alta misión social, y no sólo nos  proponemos garantizarle remuneraciones decorosas y régimen de tareas racional y  adecuado sino también plena libertad intelectual y cívica, desterrando para  siempre toda discriminación o persecución arbitraria.”[4]

Así, se consideraba a la universidad como un órgano fundamental para la formación de una conciencia democrática y social en el país. Esta misión, de tan clara significación para la nacionalidad, debe cumplirla a la vez que ejerce su alto ministerio cultural e intelectual de centro de estudios, superiores y escuela de capacitación técnica y profesional. Para el gobierno, la universidad debía sostener permanentemente los  principios de la Reforma Universitaria iniciada en 1918, respetando siempre los instrumentos legales, base del ejercicio académico. Se retornaba a la idea ejemplificadora de que la universidad debe tener como objetivo formar hombres y mujeres al servicio de la Nación y no tecnócratas.

El propósito del nuevo gobierno es promover una acción descubridora, transformadora y reparadora que fortalezca una cultura popular, nacional y democrática. Así entendida, la cultura estará dirigida al conjunto del pueblo, en pleno respeto federal por el desarrollo de las culturas regionales, y no sólo a minorías supuestamente ilustradas. El concepto de cultura nacional disuelve la disyuntiva entre cultura superior y cultura popular. Por eso el Estado promoverá, pero no determinará, las características de la cultura que estará al servicio de la identidad personal y nacional, y procurará ser un instrumento para la descentralización del poder.

“No hay plenitud cultural en medio de la pobreza, la desposesión y el abandono del pueblo. No hay tampoco políticas culturales válidas si no se las articula coherentemente con la política educativa del Estado. Cultura y educación se realimentan constantemente. Nuestro gobierno promoverá, pues, las actividades culturales, apoyará sistemáticamente su libre desarrollo e impulsará su proyección en el plano interno y externo, por considerarlo de interés nacional.”[5]

Todo esto se llevará a cabo disponiendo que todas las áreas y entes culturales sean dirigidos por expertos y profesionales de cada disciplina. Implementando un conjunto de medidas que salvaguarden los derechos del trabajador de la cultura en todos los órdenes (asistenciales, previsionales, intelectuales, etc.). También regirá la más absoluta libertad en el plano de las manifestaciones culturales, cuyo desarrollo sin trabas se apoyarán con entusiasmo. En ningún caso, la acción del Estado en este campo implicará interferencias ni presiones ideológicas.

Alfonsín está convencido de que sólo en libertad vive la cultura. En esta Argentina democrática que daba sus primeros pasos, no habrá privilegios oficiales para determinadas tendencias o grupos, ni mucho menos "listas negras" u otras formas equivalentes de exclusión por motivos relacionados con la subjetividad de las ideas o con la trayectoria política de las personas.

En todo esto, se avanzó en un principio con relativa facilidad. Se desarrolló un programa de alfabetización masiva, se atacaron los mecanismos de represión que se heredaron de la dictadura, se consolidó la libertad de expresión, se terminó con la censura y se abrieron canales para discutir contenidos y formas. De igual manera, los intelectuales se incorporaron a la política, y a la vida cultural, intelectualizándose la discusión social. Alfonsín recurrió a ellos, tanto como asesores o funcionarios técnicos, resultando con ello un discurso moderno, complejo y profundo, traduciendo así lo que los académicos elaboraban. La discusión cultural adquirió brillo y profundidad. Pero también, como lo haremos notar, fue un programa que finalmente quedó inconcluso.

a) El Centro de Participación Política

Desde comienzos de 1983, se reúne un grupo de intelectuales a discutir la política cultural que el candidato Raúl Alfonsín deberá implementar en caso de ser presidente. Las reuniones se efectúan en  Hipólito Yrigoyen 1419, en el autodenominado Centro de Participación Política, efectuándose éstos una vez a la semana.

Con la distancia sorprende la lista de participantes, lo más granado de la intelectualidad argentina, nombres que posteriormente adquirirán un valor especial, lo cual denota el gran poder de convocatoria que tenia Alfonsín, al menos entre los intelectuales. El llamado Taller de cultura y medios de comunicación social formado, entre otros, por Marcos Aguines, Manuel Antin, Hebe Clementi, Carlos Gorostiza, Luis Alberto Melograno Lacuna, Pacho O’Donnel, Luis Torres Agüero. Convocados por Jorge Roulet y Luis Brandoni y coordinados por Luis Torres Agüero y Luis Gregorich, pero siempre supervisados por el candidato Alfonsín[6], surgen una serie de documentos que intentan influir en las decisiones políticas del momento, una contribución al debate interno del llamado Movimiento de Renovación y Cambio. Las conversaciones eran intensas, documentadas, serias, el ambiente democrático que renacía estaba presente en estas reuniones más bien informales.

El pluralismo cultural despojado de prejuicios, alejado de valoraciones abstractas, nutrido de un intercambio de experiencias concretas, será el mejor instrumento para el acercamiento de los pueblos y para el enriquecimiento de la identidad cultural. Frente a una concepción puramente economicista y consumista de la transformación social, habrá que defender las ventajas de un planteamiento que postule la plena realización cultural, en el que cada uno pueda acceder a los valores reclamados por su propia idiosincrasia.

El papel de la cultura es importante para promover el sentido tanto al trabajo como al ocio creador y obrando como eficaz remedio contra la invasión de productos de los centros culturales imperiales, de ahí la necesidad de una cultura democrática. La democratización de la cultura implica un programa de gobierno y obliga a una justa valorización de la función del estado en la promoción cultural. Deberá impulsarse la participación de todos los miembros de la sociedad, no importando cuál sea su origen social ni sus ingresos económicos, en la creación  y el disfrute de los bienes culturales, y también en la toma de decisiones respecto a la vida cultural.

Son imprescindibles la descentralización y la federalización de la difusión cultural. Los grandes centros urbanos, por lo general provistos de infraestructura, deben merecer obvia atención por parte del estado, pero no pueden hacer olvidar el abandono en que se encuentran las pequeñas comunidades. Sin embargo, los mayores esfuerzos presupuestarios deben dirigirse a que se configure una descentralización administrativa y regional del quehacer cultural, con lo que se conseguirá una forma de integración nacional perdurable.

La cultura democrática es inseparable de un ejercicio irrestricto de las libertades individuales. La libertad de expresión y de pensamiento no podrá sufrir recortes y debe estar íntimamente vinculada con la libertad de acceso a los bienes culturales y a la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y con la promoción y estímulo a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Será proscrita toda forma de censura, explícita o encubierta, y las discriminaciones de índole racial, política, ideológica, económica o social.

La ciencia y la tecnología permiten en nuestros días, con sus innovaciones, un constante replanteamiento de las cuestiones culturales, acelerando su proceso. Los medios masivos de comunicación, por su penetración e influencia, tienen una importancia capital debido a la influencia social que ejercen.

 “Una cultura democrática y popular ha de dirigir su atención hacia el creador de la cultura (el artista, el intelectual, el escritor, el docente), legislando correctamente para que sus actividades puedan desenvolverse con los estímulos indispensables. Pero también ha de hacerlo hacia el consumidor, hacia el disfrutador de la cultura, hacia la comunidad entera. Este debe ser el objetivo prioritario del próximo gobierno: crear los canales necesarios para que cada vez más amplios sectores de la población gocen, libre e igualitariamente, de los valores y productos culturales. Este será uno de los mejores servicios que puedan hacerse a la consolidación de la democracia.”[7]

 Para alcanzar tal propósito, será necesario diseñar un exacto diagnóstico del estado y las disponibilidades actuales de las instituciones culturales existentes. Nada sería más negativo que la descalificación global por lo que no se trata de que no existan entes específicos sino de orientación y de eficacia. Así, es necesario valorar y hacer distinciones.

Por otra parte, los espacios culturales deberán ser dirigidos por los más aptos exponentes de las disciplinas que corresponden y, dentro de lo posible, brindar un espacio de convivencia, dentro de sus cuadros directivos, para las diferentes corrientes políticas, sobre todo las mayoritarias. Hay que crear una estabilidad administrativa para los más altos niveles de las instituciones culturales, incluso prescindiendo de las afinidades políticas, cuando así lo requiera la especialización del personal.

Respecto al papel de las industrias culturales, que desempeñan hoy un rol importante en la difusión de bienes culturales, se estimulará su actividad y se les incitará a reforzar su potencial tecnológico. Cuando se trate de empresas multinacionales, su acción deberá estar perfectamente coordinada con las políticas culturales nacionales. Deberá evitarse cuidadosamente la dependencia cultural, la alineación cultural por vía del consumo indiscriminado de productos estandarizados de los centros imperiales y la mera fabricación en serie de libros o discos de intención puramente mercantil. Las multinacionales se atendrán a las grandes líneas de la política trazada por el estado.

Un gobierno radical, se afirma, desprovisto de dogmatismos, puede consolidar una cultura democrática y popular, en la que florezcan la creación y el debate y en la que también, las mayorías nacionales puedan acceder, en todos los rincones del país, a los bienes culturales. El perfil cultural de una nación se define y manifiesta teniendo como punto de partida su identidad cultural, la cual es componente esencial de la identidad nacional. Y la Argentina no tenía en estos momentos un Plan Cultural orgánico y completo, reflejando con ello una situación coherente con el desolador panorama que en esta época se presentaba.

 “La normal vigencia y el ejercicio de la democracia brindará el marco adecuado para retomar el rumbo perdido, para recrear nuestra propia identidad, para implementar un plan de gobierno liberador. Sólo una democracia en libertad, sin miedos ni censuras, sin penetraciones foráneas que minen y destruyan todo germen de sentimiento nacional, será la garantía para que seamos artífices de nuestro futuro.”[8]

 La organización y puesta en práctica de un proyecto cultural (a su vez integrado a un proyecto de nación), exige una cabal interpretación de la realidad nacional, de las necesidades del pueblo y de los recursos con que se cuentan. Del enunciado de los objetivos culturales prioritarios, surgirán las metas a cumplir, las cuales se implementarán de acuerdo a una estrategia que responderá a una política cultural, según un plan explícito en un programa de gobierno.

Y se enumeran los objetivos culturales. Promover el desarrollo cultural de la comunidad elevando su calidad de vida, garantizar la libertad cultural eliminando la censura, consolidar la democracia cultural mediante la igualdad de oportunidades y la participación de todos y por todas partes, consolidar la identidad cultural preservando el patrimonio cultural, fomentar la creación cultural y la formación de recursos humanos en el área replanteando los esquemas de enseñanza artística. Promover la investigación cultural analizando las diversas variantes socioculturales, necesidades e indicadores que permiten valorar los principales indicadores culturales, formular un Plan Nacional que cristalice los objetivos anunciados y que esté sostenido por una legislación cultural acorde, propiciar una integración educativa, científica y cultural con América latina. Esto nos da el marco conceptual en el que se puede trabajar.

De esta manera, se impone un estudio de la legislación cultural, para adecuarla luego a los objetivos del Plan Nacional de Cultura. De este estudio surgirán leyes de protección al patrimonio cultural e histórico, de fomento y apoyo a la creación artística, de seguridad social para los trabajadores de la cultura, reglamentación de los medios de comunicación.

De igual manera, la planificación en materia cultural exige la aplicación de procedimientos y sistemas que son soporte de la administración. Es necesario formar administradores y promotores artísticos con capacidad de elaborar programas regionales. El estudio económico administrativo permitirá la planificación cultural y propiciará el encontrar un camino para un completo financiamiento del desarrollo cultural con medidas que incrementen el presupuesto nacional en materia cultural y educativa. La exención de gravámenes a espectáculos artísticos culturales, rebajas tributarias, la afectación a un porcentaje de IVA, políticas fiscales que favorezcan la creación de Fundaciones culturales. El Plan Cultural Nacional será el resultado de todo esto.